La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha confirmado por primera vez que el excomisario José Manuel Villarejo cometió un delito de cohecho al investigar irregularmente, a principios de 2014 y siendo policía en activo, a una persona en el marco de un conflicto entre Planeta y Kiss FM.
El delito de cohecho está siendo uno de los principales puntos de discordia entre el tribunal que ha juzgado algunas de las múltiples ramas del juicio de Villarejo y la Fiscalía Anticorrupción, convencida de que el excomisario se valió de su condición policial para emprender investigaciones irregulares a terceras personas.
La sentencia relativa a este conflicto entre ambas empresas de comunicación fue la primera en la que la sección cuarta ya vio ese delito de cohecho pasivo, por el que impuso 3 años y un día de cárcel al excomisario, que se encuentra en libertad al no ser ninguna de sus sentencias firmes.
Aquella resolución contó con el voto discrepante de la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, que no considera que la conducta de Villarejo entre en este delito, en contra del criterio de la Sala de Apelación, que acaba de avalar la sentencia.
Lo hace al desestimar el recurso del excomisario y confirmar los tres años de prisión que se le impusieron por haber investigado de forma ilícita, entre enero y junio 2014 y por encargo de Planeta, a uno de los árbitros del laudo entre este grupo de comunicación y Kiss FM, el denominado proyecto July.
La resolución, que aún puede impugnarse ante el Tribunal Supremo, rebaja la condena al policía Antonio Giménez a dos años y nueve meses y acredita que Villarejo ofreció sus labores netamente policiales de forma extraoficial, «prometiendo incluso métodos ilícitos», como consultar bases de datos oficiales o retribuir a colaboradores.
Considera probado que Villarejo, entonces en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, y el otro agente se reunieron con exdirectivos del grupo Planeta que resultaron absueltos, para tratar un encargo que buscaba investigar si quien había sido uno de los árbitros designados en un procedimiento arbitral habría podido recibir sobornos a cuenta de tal intervención.
Dicha investigación se puso en marcha con el pago anticipado de 48.400 euros, aunque Villarejo llegó a solicitar un millón de euros, «unas 333 veces el sueldo policial mensual de un comisario».
Villarejo «manchó» la función de la Policía
La Sala explica que el cohecho cometido por Villarejo se «perfeccionó« cuando este pidió dinero por llevar a cabo su función pública, como es investigar un delito, de forma extraoficial y dirigiéndose a un posible cliente.
Villarejo era entonces un comisario en activo sin compatibilidad y actuó -dice la sentencia- movido por consideraciones lucrativas personales que iban mucho más allá de simples operaciones de mantenimiento y gestión de su conglomerado societario.
«Vendía» su tarea policial y dejaba de cumplir así su obligación, «movido por ese lucro, manchando así la función pública que encarnaba».
Decidió llevar a cabo actuaciones propias de su cargo al margen de éste y de sus superiores -prosigue la resolución- «movido por su afán económico, corrompiendo así la función pública que encarna, poniendo antes y por dinero a disposición de una entidad privada su actividad profesional de servicio público propia» y «rindiéndola» a fines meramente particulares.
Su condena más alta, todavía recurrida
La condena de 19 años de prisión que la Audiencia impuso a Villarejo en su primer juicio por el caso Tándem está siendo objeto de un intenso debate entre los órganos judiciales.
La sección cuarta, responsable de juzgar a Villarejo, ha dictado ya dos sentencias en las que no aprecia el delito de cohecho, en contra del criterio de una magistrada, y le impone esos 19 años por otros como revelación de secretos y falsedad.
La primera de ellas fue anulada por la Sala de Apelación, precisamente para que valorara la totalidad de la prueba en atención a un recurso de la Fiscalía, que pedía condenar por cohecho.
Tras la segunda sentencia que sigue absolviendo a Villarejo por este delito, Anticorrupción ha insistido de nuevo y ha recurrido ante la Sala de Apelación, que deberá volver a pronunciarse.