El Tribunal Supremo ha fijado para el próximo 9 de enero la fecha para la deliberación y la decisión del pleito que enfrenta Abertis con el Estado por la concesión de la AP-7 entre Tarragona y la Jonquera (Alt Empordà), que venció en agosto de 2021 y por la cual la empresa concesionaria pide más de 4.000 millones de euros. Fuentes judiciales explican que no necesariamente se conocerá la decisión aquel mismo día.
De hecho, Abertis espera que alrededor del primer trimestre o semestre del 2024 se conozca la sentencia por parte del Alto Tribunal por las diferencias que enfrenten ambas partes a raíz de las inversiones y posterior caída del tráfico en esta concesión.
El 2006 se firmó con el entonces Ministerio de Fomento que dirigía la socialista Magdalena Álvarez un acuerdo para modificar completamente la concesión de la AP-7 en este tramo.
Este convenio preveía que el coste de las obras fuera sufragado por Acesa, filial de Abertis, y compensado con la recaudación adicional que se obtuviera por el aumento de la capacidad de la autopista, que presentaba grandes atascos y saturación.
De las conversaciones que mantuvo la concesionaria con varios ministros, se consideró que había que emprender una inversión de la en torno a los 500 millones de euros. A esto se unieron los peajes que se sacaban en la periferia de Barcelona o el derecho a abrir vías paralelas.
La propuesta consistía en un aumento de las tarifas por encima de la inflación y de la extensión de la concesión. El contrato establecía una curva de precios. Si el tráfico era mayor que la curva se compensaba y si estaba por debajo, el Ministerio pagaba la diferencia.
De entrada, la concesionaria renunció aparte de este ingreso porque los tráficos estaban por encima de aquella curva.
Aun así, la intensidad mediana diaria de esta autopista de peaje empezó a caer el 2007 y años siguientes con motivo de la crisis económica, de forma que se iba generando una cuenta a cobrar con la administración.
Cuando llegó a 1.500 millones, el ministerio que presidía entonces Ana Pastor consideró que no se podía pagar esta cantidad a la concesionaria, cosa que hizo que Abertis fuera provisionando todo el que se iba generando.
Además, el Consejo de Estado ya advirtió que con este mecanismo se estaban transfiriendo riesgos de tráfico de la concesionaria a la administración.
Aunque Abertis ya había acudido al Supremo, el Alto Tribunal dictaminó que había que esperar a analizar en detalle esta disputa una vez hubiera vencido la concesión, cosa que pasó en agosto del 2021. Unos meses más tarde, el febrero del 2022, la concesionaria de autopistas fue de nuevo al Supremo.
Previamente, el gobierno español había acordado compensar con casi 1.070 millones a Abertis por sus inversiones en las obras de ampliación de los tramos de la AP-7 Barcelona-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol y Zaragoza-Mediterráneo, una vez revertida el peaje.
Del importe total de la compensación, 505,5 millones correspondían a la inversión ejecutada; 143,5 millones, con este fin impositivo; y el resto, a la capitalización del saldo de compensación.