El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, preside hoy la que se prevé que sea la última reunión del Consejo de Ministros este año y comparecerá después en rueda de prensa para hacer balance de la legislatura tras unas semanas que han evidenciado las dificultades del Gobierno para sacar adelante sus iniciativas ya que sus socios de investidura no conforman un bloque compacto que las avalen.
Sánchez asumió desde el primer momento en el que aterrizó en Moncloa que tenía que gobernar en minoría y que, por lo tanto, en cada votación debía exprimir las dotes negociadoras de su equipo para conseguir que salieran adelante. En su comparecencia tras la última reunión del año del Consejo Europeo, el presidente del Gobierno resaltó la capacidad de acuerdo llegando a considerar un éxito parlamentario que las Cortes respaldasen el grueso de su paquete fiscal, aunque no pudo mantener el impuesto a las energéticas. Buscaba prorrogarlo con el apoyo de ERC, Bildu, Podemos y BNG, pero fue rechazado al unir sus votos otros dos socios de investidura, PNV y Junts, a los del PP y Vox. Este escollo ratifica la complejidad que el Gobierno tendrá en la negociación de los presupuestos generales para 2025 con sus socios, entre ellos Junts, quien parece acercar posiciones con los populares.
Unidos por las nucleares
Después de tumbar el impuesto energético, la alianza entre PP y Junts podría ampliarse para extender la vida útil de las centrales nucleares, cuyo cierre total a nivel estatal se fija para el año 2033.
En el 2027 debería iniciarse la tramitación para la posible prórroga de las dos centrales catalanas operativas, Ascó y Vandellòs II. Un pacto entre los populares y Junts para extender la actividad de las plantas nucleares implicaría un cambio en la política energética impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio para la Transición Ecológica, que había acordado con las principales empresas del sector un cierre ordenado de estas instalaciones para 2030 y 2031.
«Mantener operativas las centrales nucleares contribuye a la autonomía energética del país, reduce la dependencia de fuentes de energía externas y, por tanto, la vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado internacional», exponía la proposición no de ley (PNL) registrada en octubre, por el Partido Popular, en la que destacaban que «la energía nuclear es una pieza estratégica del sistema eléctrico nacional, con estabilidad y una capacidad de producción del 20% del total generado en España».
Por su parte, Junts ya planteó «abrir un debate sobre el papel de la energía nuclear» durante el congreso que el partido celebró en Calella de Palafrugell el pasado 26 de octubre. En declaraciones durante su ponencia estratégica ya advertían que «es necesario un crecimiento urgente y ordenado de la implantación de energía eólica y fotovoltaica, con el objetivo de alcanzar la soberanía energética y reducir la dependencia del exterior».
Los de Puigdemont no ceden
Y sin ir más lejos, la formación de Puigdemont volvió a amenazar ayer al Gobierno. El secretario general posconvergente, Jordi Turull, avisó a los socialistas de que si la Mesa del Congreso no admite a trámite la propuesta juntera de celebrar un debate sobre si el presidente del Gobierno debe someterse a una cuestión de confianza, la decisión tendrá unas «consecuencias que no gustarán ni a Sánchez ni al PSOE».
El número dos del partido soberanista aseguró ayer también que «la confianza del Gobierno está en «números rojos», reprochando a los socialistas que no cumplan con los compromisos del acuerdo de investidura. Los nacionalistas evitaron fijar una fecha para el ultimátum, si bien la Mesa decidió retrasar su decisión sobre la iniciativa de Junts y podría volver a abordarla tras la reanudación del curso político en el mes de enero.
Además, Turull insistió en cargar la presión sobre el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat. Según el secretario general posconvergente, aún hay tiempo para que el acuerdo sobre el traspaso competencial se cierre antes de final de año. Junts exige una gestión integral por parte de la administración catalana lo que implicaría que los Mossos sustituirían a la Guardia Civil en el control de fronteras. Un traspaso completo al que el Ministerio del Interior se ha opuesto.
También han puesto el foco en el reconocimiento del catalán en la Unión Europea, así como en el concierto económico y en el reconocimiento nacional de Catalunya, con la autodeterminación como elemento clave. Con todo en el aire, Turull, que cree que a día de hoy «no se dan las condiciones» para negociar los Presupuestos con el PSOE.
La votación en contra el impuesto a las energéticas de la semana pasada y sumarse a inicativas junto al PP, parecen virar el rumbo de los nacionalistas. Pero Turull negó la mayor ayer en eldiario.es: «El discurso de que si no votas a Pedro Sánchez vienen el PP y Vox no nos impresiona para nada».