Junts ha registrado una proposición de ley en el Parlament que permitiría a las comunidades de propietarios iniciar procedimientos judiciales contra viviendas ocupadas cuando “alteren la convivencia, el orden público o se ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble”. La iniciativa, a la que ha tenido acceso la ACN, habilitaría la solicitud de medidas cautelares, incluido el desalojo. Para ello, se plantea modificar el libro quinto del Código Civil y la ley de vivienda de 2023. El texto registrado, en consonancia con la propuesta hecha por el Col·legi d’Advocats de Barcelona, es similar a la que presentaron en la pasada legislatura, pero el punto referente a las comunidades de vecinos fue rechazado por mayoría en la cámara en febrero de 2023.
Del mismo modo que los ayuntamientos pueden iniciar procedimientos judiciales contra ocupaciones, la proposición de ley de Junts plantea que se “habilite” a las comunidades de propietarios para actuar en estos casos en sustitución de estos “y en las mismas condiciones”. Podrían hacerlo cuando el propietario no actúe y se den “actividades o actos contrarios a la convivencia normal en la comunidad o que dañen o pongan en peligro el inmueble”, así como actividades expresamente prohibidas por los estatutos, la normativa urbanística o la legislación vigente.
En este sentido, el documento recoge que la presidencia de la comunidad, por iniciativa propia o a petición de una cuarta parte de los propietarios, “debe requerir fehacientemente a quienes los lleven a cabo que cesen en su actuación”. Y si los requeridos “persisten”, “la junta de propietarios puede actuar contra los propietarios y los ocupantes para hacerla cesar”. Se debería tramitar “de acuerdo con las normas procesales correspondientes”, y la demanda debería ir acompañada del requerimiento y el certificado del acuerdo de la junta de propietarios.
La diputada de Junts en el Parlament, Glòria Freixa, ha explicado en declaraciones a la ACN que el objetivo es que no solo puedan actuar los ayuntamientos, sino también las comunidades de vecinos que se vean “indefensas” porque el propietario gran tenedor “no hace nada por desocupar” un piso. El Parlament aprobó en febrero de 2023 una proposición de ley de Junts contra las ocupaciones, pero quedó fuera de la norma, por falta de acuerdo, la posibilidad de habilitar a las comunidades de vecinos. “Es evidente que hay un problema, un conflicto, y que se da más en los barrios más vulnerables y con menos recursos. Creemos que ahora habrá grupos que verán la necesidad de que las comunidades de propietarios puedan actuar”, ha añadido. Freixa también ha remarcado que se trata de una propuesta planteada por los colegios de abogados y que Junts ha llevado al Parlament.
La propuesta del partido de Puigdemont también establece que “la comunidad de propietarios podrá solicitar la medida cautelar de cese o aquellas que sean necesarias para la efectividad del proceso declarativo, incluido el desalojo del inmueble”.
Finalmente, sobre este punto, la iniciativa recoge que “la comunidad tiene derecho a indemnización por los perjuicios que se le causen y, si las actividades prohibidas continúan, a instar judicialmente la privación del uso y disfrute del elemento privativo por un período que no puede exceder los dos años”.
Incumplimiento de la función social
En la misma línea, la reforma de Junts también recoge la modificación de los artículos 5 y 41 de la ley de vivienda para incluir como incumplimiento de la función social de la propiedad el hecho de que los grandes tenedores “no inicien las acciones de desalojo en supuestos de alteración de la convivencia, del orden público o cuando se ponga en peligro la seguridad o la integridad del inmueble”. Y añade como uso anómalo de las viviendas el hecho de mantener la desocupación permanente e injustificada de los inmuebles.
La proposición de Junts, que recoge una propuesta del Col·legi d’Advocats de Barcelona, ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlament este martes. Junts ha solicitado su tramitación por lectura única, para acortar los plazos parlamentarios, sobre lo cual deberá pronunciarse la Junta de Portavoces la próxima semana.
Paralelamente, el partido de Carles Puigdemont también ha registrado una proposición de ley para que el Congreso, a iniciativa del Parlament, modifique la ley para permitir el “desalojo inmediato” de estas ocupaciones en un máximo de 48 horas. En este caso, fue tramitada, pero la Mesa rechazó su tramitación urgente.
