El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, ambos de ERC, han urgido al Supremo a amnistiarles y a extinguir las penas que tienen vigentes por el 'procés', en su caso la inhabilitación hasta 2031 y 2030, respectivamente, y a cancelar sus antecedentes para rehabilitar sus derechos.
Junqueras, a quien el Supremo impuso en octubre de 2019 una pena de 13 años de cárcel y 13 de inhabilitación por sedición y malversación, considera que los hechos por los que fue condenado por el 'procés’ «hallan acomodo» en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía, que ese martes ha entrado en vigor, «tanto en lo objetivo como en lo temporal».
Así lo sostiene el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, en un escrito que ha interpuesto ante la sala segunda del Supremo, en el que solicita que se dé inicio al procedimiento «preferente y urgente» y se decrete la extinción de su responsabilidad penal por el 'procés'.
Según el escrito, el Supremo tiene que decretar ahora la extinción de la responsabilidad penal de Junqueras, lo que se tendría que extender, considera la defensa, a la totalidad de las penas que se le impusieron, incluidas las que fueron objeto del indulto que le concedió el Gobierno en junio de 2021 y por el que pudo salir de la cárcel.
Junqueras, que esta semana ha dimitido como presidente de ERC para volver a optar al cargo en el congreso del partido del próximo mes de noviembre, solicita también que se cancelen sus antecedentes penales para obtener la «rehabilitación» en todos sus derechos.
Tras la derogación del delito de sedición, el Tribunal Supremo mantuvo la inhabilitación a Junqueras por un periodo de 13 años, de forma que estaba vigente hasta 2031.
Al igual que Junqueras, el exconseller Raül Romeva, también representado por Andreu Van den Eynde, solicita la aplicación «urgente» de la amnistía y que se extinga su responsabilidad penal, por la que en su caso permanece inhabilitado hasta 2030.
Romeva fue condenado a 12 años de cárcel y 12 de inhabilitación por sedición y malversación y, una vez derogado el delito de sedición, el Supremo también le mantuvo toda la pena de inhabilitación, en su caso vigente hasta 2030.
Por su parte, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC), que fue condenada a once años y medio de prisión y de inhabilitación, en su caso únicamente por sedición, también pide que se le aplique de forma urgente la amnistía porque considera que la concesión del indulto parcial «no afecta a la necesidad» de revisar la sentencia para extinguir su responsabilidad penal.
En un escrito interpuesto ante la sala segunda del Supremo por su abogada, Olga Arderiu, la expresidenta del Parlament resalta que los hechos que se le atribuyen en la sentencia del 'procés’ se corresponden con el «ámbito material y temporal» fijado por la ley de amnistía, por lo que procede aplicarle la normativa y extinguir su responsabilidad penal.
En el caso de Forcadell, una vez se derogó en diciembre de 2022 el delito de sedición, su condena a inhabilitación ya fue suspendida.
La expresidenta del Parlament resalta en su escrito que la ley de amnistía concreta que el órgano que les enjuició debe llevar a cabo «con carácter preferente y urgente» la extinción de «cualquier pena privativa de libertad, derechos o multa» que les hubiesen impuesto, así como proceder a la eliminación de los antecedentes penales y a reintegrar la «plenitud» de sus derechos.
