Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raül Romeva han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en el que solicitan la aplicación de la ley de amnistía a sus condenas por malversación, así como el levantamiento de la inhabilitación para ocupar cargos públicos que aún siguen cumpliendo.
Las defensas de los tres políticos denuncian que el Tribunal Supremo está “extralimitándose en sus funciones y actuando como si fuera legislador”, lo cual, a su juicio, “vulnera derechos fundamentales como el derecho a ser elegidos democráticamente”.
En sus escritos, los abogados critican duramente la actuación del Supremo, argumentando que este se desvía del principio de legalidad y toma decisiones con graves consecuencias para los derechos de sus representados, quienes se ven obligados a cumplir penas que deberían considerarse extinguidas, lo que impide su plena rehabilitación política.
Los abogados de los tres políticos critican duramente la actuación del Supremo
Los letrados sostienen que solo el legislador democrático tiene la autoridad para dictar leyes y que el poder judicial debe limitarse a aplicarlas sin reinterpretar el sentido de las mismas. Consideran que la interpretación de la Ley de Amnistía adoptada por el Supremo en dos resoluciones recientes desoye el espíritu de la norma y supone una incursión en el ámbito legislativo, algo que, según ellos, excede las competencias judiciales.
Las defensas citan además el voto particular de una magistrada del Tribunal Supremo que defiende esta misma posición: ni la literalidad de la ley, ni la voluntad del legislador, ni los precedentes históricos o recientes avalan la interpretación dada por la mayoría del Supremo. Añade también que “nunca una interpretación de la ley puede llevar a su derogación”, como consideran que ha sucedido en este caso.
Para evitar un perjuicio irreparable, las defensas han solicitado medidas cautelares que permitan levantar la pena de inhabilitación de los tres políticos para ejercer cargos públicos. Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras y Romeva, denuncia que el Supremo parece decidido a “mantener la pena de inhabilitación absoluta a toda costa” como medio para debilitar al movimiento independentista y subraya que esta actuación “vulnera derechos básicos de representación y participación política”.
Por su parte, Mariano Bergés, abogado de Dolors Bassa, sostiene que la “forzada interpretación” del Tribunal Supremo, al inaplicar la ley de amnistía, impide a la exconsellera ejercer sus derechos de participación política y concurrir a unas elecciones libres. Además, señala el impacto devastador de la inhabilitación sobre Bassa, que le impide trabajar con administraciones públicas.
Las defensas de los tres dirigentes independentistas esperan que el Tribunal Constitucional acceda a las medidas solicitadas y garantice así los derechos fundamentales de sus representados.
