El Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid investigará la Operación Catalunya tras admitir la querella presentada por el ex presidente del FC Barcelona Sandro Rosell contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo y varios policías por los delitos de organización criminal, falsedad documental, acusación y denuncia falsa, malversación de caudales públicos y detenciones ilegales.
En concreto, el juez Hermenigildo Alfredo Barrera indica en una providencia de 15 de febrero que, tras recibir el informe del Ministerio Público, su juzgado es competente para esta causa y en consecuencia avanza que procede tomar declaración a los investigados, por lo que oficia a la Policía para que le haga llegar el nombre completo y la dirección actual de los mismos.
En la querella de Rosell, se apunta a que el comisario Villarejo, el inspector jefe de la UDEF Alberto Estévez, el antiguo inspector del Cuerpo Nacional de Policía Antonio Giménez Raso y el agregado del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Madrid Marc L. Varri están implicados en la emisión y presentación de informes policiales «mendaces» que tuvieron como destinatario el Juzgado Central de Instrucción que acordó la prisión provisional del empresario catalán durante dos años. Añade que, además, se celebraron reuniones entre miembros de cuerpos policiales, confidentes supuestamente retribuidos con fondos reservados y agentes de la Embajada de Estados Unidos en España.
El equipo legal de Rosell indica en la querella que si bien actúa contra estas cuatro personas, de momento no va contra la senadora popular Alicia Sánchez-Camacho a pesar de que «considera (...) que el papel que se le atribuye en el relato de hechos podría otorgarle sobradamente la condición de querellada».
Y apunta que, dado que los querellados «tenían en el momento de los hechos la condición de autoridades y funcionarios públicos del Estado español y actuaron en el ejercicio de sus respectivos cargos», emprende también la acción civil «en reclamación de todos aquellos perjuicios económicos y morales (...) contra los querellados personas físicas y contra el Estado al que representaban».
El retrato de los hechos
Tal y como explica el equipo jurídico en la querella, según recoge la prensa durante los últimos meses a partir de 2012 coincidiendo con el auge del movimiento independentista catalán, «varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía, miembros del Gobierno español y dirigentes del Partido Popular, entonces gobernante, con la inestimable ayuda de determinados periodistas y medios de comunicación, se concertaron para elaborar un plan contra dicho movimiento político, al que suele hacerse referencia con el nombre de Operación Catalunya».
Apunta que se trataba fundamentalmente de «obtener información y confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, investigar, imputar, perjudicar y desprestigiar a personas que, de una u otra manera, fuera cierto o no, se consideraban cercanas al citado movimiento --independentista--, ya se tratara de cargos políticos, personajes públicos, líderes sociales o empresarios».
Entre esas personas, añaden, estaba Rosell, que entre 2010 y 2014 fue presidente del FC Barcelona. Y explica que aunque el querellante no ejercía en 2012 ningún cargo público, ni militaba tampoco en ningún partido político, «algunos de los responsables de la citada trama político-policial le consideraban, al parecer, vinculado con el independentismo», lo que le puso «en el punto de mira de dicho entramado delictivo».
En ese contexto, explica la querella, se produce una reunión el 6 de noviembre de 2012 entre Villarejo y Alicia Sánchez-Camacho, hoy senadora del PP y entonces presidenta del Partido Popular en Catalunya. «A lo largo de dicha conversación (...) Sánchez-Camacho facilitó al comisario una auténtica 'lista negra' de personas que, a su juicio, debían ser investigadas y perseguidas policialmente por su relación con el independentismo. Entre tales personas se encontraba Sandro Rosell», indica.
Victoria Álvarez y los fondos reservados
La representación legal de Rosell indica que según el breve extracto de la conversación, grabada por Villarejo y publicada por el diario digital El Món, el comisario hizo referencia a supuestas actuaciones irregulares de la entonces tesorera del club azulgrana Susana Monje, y la dirigente del PP «mostró un gran interés por investigar también al propio presidente» del club haciendo notar al comisario que la familia de Rosell «era una de las fundadoras del partido Convergència Democrática de Catalunya, junto con las familias Pujol y Sumarroca».
En esa reunión, Sánchez-Camacho habría facilitado a Villarejo el contacto de Victoria Álvarez, ex pareja de Jordi Pujol Ferrusola -hijo del expresidente de la Generalitat-. Ésta, dice la querella, había sido «reclutada» como confidente un tiempo antes por Jorge Moragas, jefe de gabinete del entonces residente del Gobierno Mariano Rajoy, y pasaría a actuar asimismo como confidente del comisario y su entramado». Añade que por esa labor «sería retribuida, al parecer, con cargo a fondos reservados del Estado».
Tras esa reunión de 2012, la querella da un salto temporal y recoge que en enero de 2014 Victoria Álvarez pone en contacto a Villarejo con José Luis Pérez Clemente, quien decía tener información «sobre presuntas conductas irregulares de Sandro Rosell y personas cercanas a él». Los letrados de Rosell indican que este sujeto se dedicaba a través de diversas páginas web que gestionaba «a propagar toda clase de bulos en relación con Rosell y otras personas de la junta del Barça, y que ha sido condenado en varias ocasiones por este motivo.
Añade que a pesar de esas condenas penales y a que tenía un «evidente desequilibrio psíquico», fue usado como confidente por Villarejo y el entramado «para nutrir con sus delirantes teorías diversos informes policiales que acabarían llevando a prisión a Sandro Rosell».
La excusa del Fifagate
Con la información aportada por Pérez a, entre otros, Giménez Raso, Villarejo se habría reunido en varias ocasiones con el agente enlace del FBI Marc L. Varri «a fin de solicitar ayuda a la policía estadounidense para combatir al independentismo catalán». La querella incluye en alguno de esos encuentros al que fuera director adjunto de la Policía (DAO) Eugenio Pino. Villarejo, además, se podría haber reunido también en 2014 por el asunto Rosell con el que fuera jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas.
En esos encuentros se habría acordado activar o aprovechar un supuesto requerimiento de información remitido desde EEUU a España en relación con el denominado asunto Fifagate -de corrupción en el mundo del fútbol- «como pretexto para iniciar una investigación policial por las autoridades españolas respecto de Sandro Rosell en relación con asuntos que nada tenían que ver con el citado escándalo».
Así, en 2015 se cursó una Comisión Rogatoria Internacional desde EEUU vinculando a Rosell con escándalos de corrupción en el mundo del fútbol y se pedía a las autoridades españolas información sobre sus cuentas bancarias en España. «Con base en este requerimiento de información, se abrió en junio de 2015 una investigación prospectiva y secreta en la Fiscalía de la Audiencia Nacional», reza la querella.
Finalmente, indica, Rosell fue investigado por supuestos sobornos al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol(CBF) para perjudicar a esta en un contrato relativo a la cesión de la explotación de derechos de emisión para Oriente Próximo de unos partidos amistosos de la selección de Brasil, firmado con un grupo de comunicación saudí.