El acuerdo alcanzado este jueves entre el Ministerio de Juventud e Infancia y el Gobierno canario para tratar de distribuir 4.400 menores extranjeros no acompañados y aliviar los saturadísimos centros del archipiélago y la ciudad autónoma de Ceuta ha desatado la furia de las comunidades del PP. Y de nada ha servido para apaciguarla que cuente con el respaldo inequívoco del número dos del ejecutivo de las Islas, el popular Manuel Domínguez. En el foco del conflicto está el hecho de que los criterios planteados vayan a permitir que, en esta ocasión, el País Vasco y Cataluña se hagan cargo, muy probablemente, de un menor número de menores migrantes, aunque los cálculos definitivos no están hechos.
La fórmula acordada por Canarias y el Ejecutivo combina, en principio, los criterios que se han venido aplicando desde 2022 en otros repartos anteriores de menor envergadura, pactados en conferencias sectoriales, con el modelo que el Gobierno canario y el vasco suscribieron hace un mes. En él se contemplan indicadores de población total, población acogida (media de menores acogidos por cada cien mil habitantes en los últimos seis meses), PIB per cápita, desempleo y solidaridad (número de menores acogidos en los últimos cinco años). Aunque Clavijo explicó este viernes que también atiende a otros factores como el número de plazas escolares.
El PP da por sentado que todo se ha diseñado de manera que Catalunya y País Vasco queden "excluidos" del reparto para así lograr el apoyo de Junts y el PNV a una iniciativa que se pretende tramitar en el Congreso como real decreto ley o proposición de ley y para no soliviantar a los posconvergentes, con los que los socialistas negocian la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat. El presidente canario y el Gobierno lo negaron ya el jueves y hoy volvieron a hacerlo, aunque no desmienten que pueda darse el caso de que, a la hora de aplicar el modelo, esas dos comunidades autónomas no reciban a ningún menor o, lo que dicen es más seguro, reciban un número limitado de chavales.
Ambas partes se esfuerzan en justificar, en todo caso, que sea así porque, argumentan, en los últimos años Euskadi y Catalunya han realizado mucho más esfuerzo en la acogida de menores migrantes que otros territorios con características semejantes. "El sistema no parte de cero, por lo tanto tenemos que ir a sistemas que sean equilibrados y sostenibles y no meter tensión en sistemas que están ya tensionados", defendió Rego. La ministra hizo hincapié, por ejemplo, en que Catalunya ha creado un 25% de las plazas de acogida de toda España y tiene más de 4.000 (en torno a un millar más de las que le corresponderían) mientras que Madrid tiene solo un 10% de las plazas, unas 1.900. El País Vasco, con mucha menor población, llega casi a las 1.500. Reparto obligatorio Las comunidades del PP reprochan que se les pretenda imponer un reparto sin contar con su opinión. Uno a uno, la mayor parte de los presidentes autonómicos de la formación o sus consejeros, cargaron contra el Gobierno. El gallego, Alfonso Rueda, lo acusó de "oscurantismo"; el murciano, Fernando López Miras, sentenció que el Ejecutivo ha actuado como es su costumbre, "a espaldas" de los que gestionan el territorio y "concediendo privilegios a los de siempre", y la consejera aragonesa de Bienestar, Carmen Susín, advirtió de que no participará en la acogida si Catalunya y País Vasco quedan fuera porque eso rompería "el criterio de solidaridad interterritorial".
El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, no llegó a tanto. Tras reunirse en La Palma de Gran Canaria con Clavijo, evitó cuestionar su palabra y la del Gobierno, pero sí defendió que sería bueno que el reparto fuera fruto de un acuerdo "por las buenas", como el alcanzado en 2022, cuyos criterios se habían venido utilizando para repartos menos numerosos, de 200 o 300 niños, hasta el verano pasado, cuando Vox rompió los gobiernos de coalición con el PP. Clavijo, que afronta un escenario muy complejo -incluso después del reparto que ahora se negocia Canarias se quedará con 1.800 menores extranjeros más los que aún puedan venir- criticó que, "sin ni siquiera conocer en profundidad los criterios", el PP y Vox ya los denosten. "Me produce tristeza porque lo que se ha tratado de buscar en todo momento ha sido un enfrentamiento territorial o un enfrentamiento político dejando al margen el drama humanitario que se está viviendo en Canarias", reprochó.
El PNV y Junts también salieron al paso de las críticas. Los primeros argumentan que los criterios acordados han sido hechos "de manera académica y no política" y que son "justos y equitativos". Los independentistas catalanes, por su parte, aseguraron no tener ni la más mínima constancia de lo pactado por el Gobierno y el Ejecutivo canario, pero defendieron que Cataluña lidera la solidaridad en acogida de menores, pero también, en palabras de su número dos, Jordi Turull, que "no puede formar parte del café para todos".
