La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y quien fuese su número dos, el ex secretario de Estado Francisco Martínez, por el espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, presuntamente orquestado en 2013 desde su departamento para hacerse con documentos del caso Gürtel sensibles para el partido, la conocida como operación Kitchen.
Anticorrupción ha remitido a la Audiencia Nacional su escrito de conclusiones provisionales sobre esta pieza del conocido como caso Tándem o caso Villarejo, que se dirige contra ocho acusados, a quienes atribuye delitos como encubrimiento, malversación y contra la intimidad, y también contra la Administración General del Estado en concepto de responsable civil subsidiario.
La misma condena de 15 años solicita para el entonces número dos de la Policía, Eugenio Pino, y quien fuese asesor de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla La Mancha, el comisario Andrés Gómez Gordo, mientras que es José Manuel Villarejo quien se enfrenta a la petición más alta: 19 años de cárcel.
Para el comisario Enrique García Castaño, alias el Gordo, que dirigió durante años la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía y a quien la Audiencia Nacional apartó del primer juicio del caso Tándem tras sufrir un ictus el año pasado, los fiscales piden 12 años y medio de prisión, el mismo castigo que para Sergio Ríos, el chófer de la familia Bárcenas que habría sido captado como confidente en la operación.
El acusado que afronta la petición más baja es el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas (2 años y medio de prisión).
La Fiscalía solicita que los ocho acusados paguen en concepto de responsabilidad civil 6.000 euros a Bárcenas y 3.000 a su mujer, Rosalía Iglesias, cantidades de las que quiere que responda subsidiariamente el Estado.
Anticorrupción, sin embargo, ha rechazado acusar finalmente a tres antiguos miembros de la cúpula policial al considerar que no existen suficientes indicios contra ellos. Son el exjefe de la UDEF José Luis Olivera y los inspectores José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díaz Sevillano, que entonces integraban la Dirección Adjunta Operativa, dirigida por Eugenio Pino.
Entre los procesados no se encuentra la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ni su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, quienes fueron investigados durante unos meses hasta que el juez les sacó de la causa, en contra del criterio de la Fiscalía y de las acusaciones.
Objetivo: evitar que los documentos de la Gürtel llegasen al juez
Los fiscales ubican esta «ilícita operación policial» en la primera mitad de 2013, durante el primer gobierno de Mariano Rajoy. Se orquestó, sostienen, «desde la cúpula del Ministerio del Interior», encabezado por Fernández Díaz, Martínez y Eugenio Pino en la Policía, pero, precisan, «sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias».
El objetivo, según su tesis, era obtener información y pruebas «que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes» en la investigación del caso Gürtel, y que pudiera tener su extesorerio Luis Bárcenas, para evitar que llegase a manos del juez.
Para conseguirlo, prosiguen los fiscales, captaron al chófer de la familia Bárcenas, quien, entre julio de 2013 y septiembre de 2015, informó «de forma exhaustiva e individualizada» a los acusados de los movimientos de la familia y les facilitó documentos.
A cambio recibió 54.000 euros con cargo a los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía (algo que finalmente «se materializó), señala el escrito, que también apunta que los acusados realizaron vigilancias y seguimientos a Bárcenas y a su mujer para confirmar la información aportada por Ríos.
Incluso, prosigue Fiscalía, el comisario García Castaño llegó a entrar al estudio de pintura de Rosalía Iglesias en busca de información financiera del PP y con la sospecha de que Bárcenas podía guardar ahí audios de conversaciones con Rajoy o Javier Arenas, si bien no consta que lograse hacerse con ningún tipo de documentación.
Pero sí llegaron a conseguir «de manera ilegítima», indica el escrito, mensajes de texto, correos y contactos que Bárcenas tenía en dos móviles y una tableta que les habría entregado el chófer, y también documentos y anotaciones sobre cuentas bancarias y movimientos de fondos que tenía en prisión.
Es más, Fiscalía cree que Fernández Díaz y otros acusados «controlaron todos los movimientos» de un preso que coincidió con Bárcenas y a quien éste habría encargado borrar una serie de archivos de audio depositados en un servidor electrónico con conversaciones «que decía haber mantenido» con los dirigentes del PP Mariano Rajoy y Javier Arenas «relativas a fondos manejados» por el PP «de procedencia ilícita». No consta que llegaran a hacerse con copia de los mismos.