El decreto ley para ahorrar energía impulsado por el gobierno español, y que tiene como medida estrella la limitación de la temperatura a 27 grados en verano y a 19 grados en invierno entra en vigor este miércoles, con la intención que sirva para recortar sustancialmente la factura energética y de cumplir con los objetivos que marca Bruselas.
Las asociaciones de comerciantes de Barcelona ven muy precipitadas las medidas y piden “flexibilidad” en la hora de aplicarlas. Las entidades de tiendas lamentan que 27 grados “es una temperatura demasiada elevada” con la cual “los clientes se encontrarán incómodos en las tiendas”.
Las limitaciones no se aplicarán en los espacios laborales como por ejemplo cocinas o bares o cualquier trabajo donde los trabajadores estén en movimiento. En estos casos, se respetará la normativa laboral que marca el máximo de temperatura en 25 grados.
Con todo, el gobierno español insiste que la medida continuará siendo efectiva porque «no es el mismo 25 que 19 grados», insistía la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la semana pasada. Según los cálculos de la ministra, cada grado de cambio de temperatura supone un ahorro del 7% del consumo.
El control de temperatura se tendrá que aplicar a la administración pública, a los comercios, a los supermercados, en los espacios culturales como por ejemplo cines o teatros y también en estaciones de transportes.
Precisamente, este último es uno de los puntos en los cuales el Gobierno ha pedido un cambio para evitar que se reduzca el uso del transporte público. El gobierno español reafirmó que las medidas salían adelante en la Conferencia Sectorial de Energía de este martes, donde el Ejecutivo pidió una moratoria del decreto para acabar de afinarlo y las comunidades gobernadas por el PP exigieron la retirada.
Tampoco tendrán que regular el termostato a 27 grados hospitales, centros educativos y peluquerías y las habitaciones de hotel, que se consideran un espacio privado. En las casas particulares no se introduce ningún límite de temperatura.
Otro de los cambios a aplicar a partir de esta noche es la obligación de apagar las luces de los escaparates a las 22.00 h. La resolución también se aplica al alumbrado de los edificios públicos que estén desocupados pero, en cambio, no obliga los monumentos como la Sagrada Familia a apagar las luces que lo iluminan. En este caso, será el patronal que la gestiona quién decidirá qué hacer con el alumbrado.
Este decreto también obliga los edificios públicos a mejorar su eficiencia energética, ya sea con obras de rehabilitación, sustituyendo el alumbrado o instalando sistemas de autoconsumo.
Los recintos obligados a mantener la temperatura a 27 grados como mínima tendrán que informar con carteles o pantallas que las medidas contribuyen al ahorro energético antes del 2 de septiembre. Hasta ahora, los locales ya estaban obligados a mostrar la temperatura y la humedad de los espacios.
Alargando el plan de choque hasta noviembre del 2023, el ejecutivo de Pedro Sánchez espera cumplir con el compromiso europeo de reducir la dependencia energética ante la amenaza de un corte del suministro de gas ruso.
Con estas primeras medidas, el Ministerio de Transición Ecológica aprecio que se conseguirá entre el 4 y el 5% de ahorro en el consumo energético comprometido con la Unión Europea, que es del 7%.
