Poco después de las nueve y media de la mañana ha comenzado en Madrid la reunión de la junta de fiscales convocada por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, para hablar de la aplicación de la ley de amnistía a los delitos de malversación del referéndum del 1-O. El encuentro, que ha reunido a 33 de los 38 fiscales de sala que componen la cúpula del Ministerio Público, se celebra después de que los fiscales del Supremo Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno lo pidieran ante su oposición a aplicar la orden dada por su jefe en relación con la aplicación de la ley. La reunión de este martes no tendrá una duración determinada y servirá para intercambiar posiciones, no obstante, la última decisión la tendrá García Ortiz.
Tal como han indicado fuentes de la Fiscalía General, el cónclave ha comenzado con la intervención de algunos fiscales explicando los motivos de su rechazo a la orden dada por el superior jerárquico. Posteriormente, se ha abierto un debate jurídico en el cual el fiscal general ha ido dando el turno de palabra a quienes quieran intervenir por orden inverso de nombramiento, es decir, del último fiscal de sala nombrado al más antiguo. Una vez concluido el turno de intervenciones, hablará García Ortiz y decidirá finalmente si la amnistía se aplica a los delitos de malversación condenados por el Supremo en el juicio del procés.
Choque entre fiscales
La junta de este viernes llega después de que los fiscales del 1-O indicaran que consideraban “improcedente y contraria a las leyes” la aplicación de la amnistía a los condenados por malversación. Así consta en un escrito que enviaron la semana pasada al Fiscal General del Estado y que este rechazó. García Ortiz les pidió que redactaran un nuevo informe con planteamientos “procesales” y no políticos, pero estos se mantuvieron firmes en un nuevo informe contrario a defender la amnistía en los casos de malversación.
El Fiscal General del Estado ratificó su posición el viernes, en un nuevo escrito donde ordenaba que defendieran la amnistía para todos los condenados, y donde acusaba a los cuatro fiscales del juicio del procés de confundir “el ánimo de lucro” que exige la malversación con “enriquecimiento personal de carácter patrimonial“ que la ley deja fuera de la amnistía.
Posiciones igualadas
La Junta de Fiscales de Sala está formada por 38 miembros y presidida por el Fiscal General del Estado. La componen la Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y todos los fiscales de Sala del Tribunal Supremo. Así, estarán presentes los cuatro fiscales del juicio del procés, pero también buena parte de los fiscales que han sido nombrados durante las épocas en que la exministra Dolores Delgado –que también estará en la reunión ahora como fiscal de memoria democrática– actuó como Fiscal General del Estado. García Ortiz espera que el organismo avale por mayoría su posición, pero fuentes de la Fiscalía apuntan que el equilibrio “está muy igualado”.
Miércoles, fecha límite
La reunión se producirá el penúltimo día de que disponen las partes para presentar sus escritos ante la Sala Penal del Supremo y el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, que el martes pasado –después de la publicación de la amnistía en el BOE– pidieron a las partes que se pronunciaran en un plazo de cinco días hábiles sobre el alcance de la aplicación de la ley. Según la Fiscalía, la fecha límite es el miércoles.
En todo caso, la cuestión quedará en manos de la Sala Penal y de Llarena, que una vez recibidos los informes previsiblemente activarán cuestiones prejudiciales ante el TJUE y el TC para intentar evitar una aplicación efectiva de la norma.