El retraso de al menos dos semanas en la aprobación de la ley de amnistía, como consecuencia de la negativa de Junts en la votación del martes en el Congreso, ya tiene los primeros damnificados. Se trata de los dirigentes de ERC Josep María Jové, Lluís Salvadó (de La Ràpita) y Natalia Garriga.
El 10 de abril se sentarán en el banquillo para ser juzgados por los delitos por desobediencia, prevaricación y malversación en el caso de los dos primeros, y por desobediencia grave a la autoridad, en el caso de la consellera del Govern catalán.
En el escenario más optimista respecto al calendario, podían haber sido amnistiados antes del inicio del juicio si se hubieran cumplido los plazos que preveían que la ley se aprobaría de forma definitiva en abril, tras su paso por el Senado.
En cualquier caso, confiaban al menos en ser amnistiados antes de una eventual condena, que puede ser de prisión para Jové y Salvadó, dos de los más estrechos colaboradores de Oriol Junqueras cuando era vicepresidente de la Generalitat e implicados en la organización del referéndum ilegal del 1-O.
La Fiscalía pide siete años de prisión para Jové y seis para Salvadó. Garriga se enfrenta a una pena de inhabilitación. Jové es el jefe del grupo republicano en el Parlamento catalán; el rapitense Salvadó, el presidente del Port de Barcelona; y Garriga, consellera de Cultura del Govern catalán. Fuentes republicanas admiten el problema que puede suponer sus inhabilitaciones.
Además, esta semana, la Audiencia de Barcelona ha juzgado a cuatro personas acusadas de un delito de desórdenes públicos, de un delito de atentado y de un delito de daños en el marco de una protesta frente al cuartel de la Guardia Civil de Manresa tras la sentencia del ‘procés’. Todos ellos están ya pendientes del fallo judicial, sin que de momento puedan confiar en eludir la condena por una amnistía que tardará más de lo que esperaban los independentistas.
El retraso de la aprobación de la ley ha causado malestar en una parte del secesionismo y ha avivado la pugna entre ERC y Junts, enfrentados y mirando siempre de reojo a las elecciones catalanas, previstas para dentro de un año. Fuentes republicanas acusan a Junts de haber cometido un «grave error» al votar en contra de la ley de la que pende la legislatura. Estas mismas fuentes temen que si los posconvergentes estiran mucho más la cuerda, el PSOE acabe llamando a la retirada y no salga adelante la amnistía.
Mar de fondo En ERC ven estos momentos muy difícil el acuerdo entre socialistas y junteros más por cuestiones políticas, porque creen que el Gobierno ya ha pagado un alto precio, que por escollos de tipo técnico.
Pero no solo hay malestar en ERC. También en la formación de Puigdemont hay mar de fondo. El exconseller d’Interior, Miquel Sàmper, anunció este jueves que se ha dado de baja del partido por discrepancias con la dirección: en concreto por haber bloqueado la ley de amnistía. Sàmper fue consejero de Interior entre 2020 y 2021, bajo la presidencia de Quim Torra, y tras su paso por la política regresó a su profesión de abogado.
En estos momentos defiende al exconseller Lluís Puig, huido en Bruselas y que está pendiente de resolver su caso o de ser amnistiado para poder retornar, después de casi siete años.
«Es una decisión personal y la respeto», afirmó la presidenta del partido, Laura Borràs, sobre la baja de Sàmper. Pero Junts mantuvo este jueves su posición de no ceder. Borràs insistió en que Junts no transigirá en su exigencia de que la ley debe amparar a todos los encausados. «No renunciamos, no cedemos, porque esto ha sido la piedra angular de nuestra negociación con el PSOE y el punto de partida para la resolución del conflicto político», dijo en la Cadena Ser.
Borràs aseguró incluso que prefiere correr el riesgo de que la ley se declare inconstitucional antes que «abandonar» a su gente. Josep Rius, en cambio, negó el «colorín colorado» aventurado por Jordi Turull y que Junts haya amenazado con dar por acabada la legislatura. «Tenemos estos 15 días para poder negociar y llegar a un acuerdo que cumpla el acuerdo de Bruselas, que decía que la amnistía debía ser integral y de aplicación inmediata», afirmó en TVE.
