El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió este lunes una inmunidad parcial al expresidente Donald Trump (2017-2021) por el intento de revertir las elecciones que desembocó en el asalto al Capitolio, determinando que sus actos «oficiales» como mandatario están protegidos, pero no los «no oficiales».
«Un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente» y también «tiene derecho, al menos, a la presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales», pero «no hay inmunidad para actos no oficiales», apunta la opinión consensuada por 6 votos contra 3, los de las juezas progresistas.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fue quien escribió la opinión mayoritaria y explicó que «bajo la estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga cierta inmunidad» en actos oficiales mientras gobierna, pero que el presidente «no goza de inmunidad por sus actos no oficiales y no todo lo que hace es oficial».
«El presidente no está por encima de la ley», afirmó Roberts.
De los seis jueces conservadores del Supremo, tres fueron nombrados por Trump durante su mandato.
La Suprema Corte determinó que serán cortes inferiores las que deberán determinar cuáles son actos oficiales y cuáles no, una situación que retrasará el juicio que hay en contra de Trump en Washington D.C. por cargos federales de subversión electoral.
Y es que el fallo rechaza la decisión de un tribunal federal de apelaciones que en febrero decidió que Trump no gozaba de inmunidad por presuntos delitos que cometió mientras era todavía presidente para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que se impuso el actual mandatario estadounidense, el demócrata Joe Biden.
Todo ello después de que en agosto de 2023 un gran jurado le imputara tres cargos penales por intentar revertir los comicios que perdió frente a Biden en 2020 e instigar el asalto al Capitolio de enero de 2021, que ocurrió cuando estaba prevista la certificación de los resultados electorales.
La defensa de Trump solicitó la anulación del juicio alegando que goza de inmunidad por haber sido presidente cuando ocurrieron los hechos.
No obstante, tanto la jueza encargada del caso en Washington D. C., como posteriormente una corte de apelaciones, desestimaron estas peticiones, por lo que Trump elevó el asunto al Supremo, que lo estudió durante una vista judicial en abril.
La decisión de hoy supone así una victoria para el republicano, pues probablemente le permitirá evitar comparecer ante otra corte antes de los comicios del 5 de noviembre, donde podría enfrentarse a Biden.
Las juezas progresistas escribieron opiniones de rechazo, entre ellas Ketanji Brown Jackson, quien afirmó que el fallo «abre un camino nuevo y peligroso» al otorgar inmunidad «solo al funcionario más poderoso» del Gobierno.
Con la decisión, añadió, la corte rechaza el principio de que nadie está por encima de la ley, «un principio fundamental» que ha impedido durante mucho tiempo que Estados Unidos «caiga en el despotismo», ya que baja «las barreras de la ley» para «cualquier futuro presidente que tenga la voluntad de burlar los límites establecidos por el Congreso».
«Incluso un presidente hipotético que admite haber ordenado los asesinatos de sus rivales o críticos políticos o uno que indiscutiblemente instiga un golpe fallido tiene buenas posibilidades de obtener inmunidad», afirmó.
Este fallo llega tres días después de otra victoria para Trump en el alto tribunal, que decidió el viernes pasado que acusar a los asaltantes del Capitolio del 6 de enero de obstrucción a la justicia fue inapropiado y que el Departamento de Justicia se sobrepasó.
Ese 6 de enero, unas 10.000 personas -la mayoría seguidores de Trump- marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron en el edificio mientras se estaba certificando la victoria de Biden. Hubo cinco muertos, cerca de 140 agentes heridos y centenares de personas detenidas.
Trump ya tuvo que pasar varias semanas este año en una corte en Nueva York por un proceso judicial que lo convirtió en el primer expresidente de la historia de EE. UU. en ser declarado culpable de un delito penal, la falsificación de registros comerciales relacionados con el pago que hizo para comprar el silencio de la actriz porno, Stormy Daniels.
La decisión del Supremo podría tener consecuencias para otros casos a los que se enfrenta Trump en Georgia por sus intentos de invalidar los resultados electorales en estado, y en Florida por almacenar ilegalmente material clasificado en su mansión de Mar-a-Lago tras dejar la Presidencia.