Don Juan Carlos, instalado en Abu Dabi desde agosto, contactó con algunos de sus amigos más cercanos hace unas semanas para adelantarles su intención de regresar a España. Puso incluso fecha: antes de final de año. Su situación judicial se le había puesto de cara. La Fiscalía del Supremo, se supo el pasado 30 de octubre, preparaba el archivo de las diligencias abiertas en junio por las presuntas comisiones del AVE saudí. Se habían encontrado indicios de delito fiscal y/o blanqueo de capitales, pero todos estos hechos abarcaban el periodo de su reinado. Es decir, cuando era inimputable. El archivo como tal, confirmado por fuentes de la Fiscalía, aún no se ha producido. Se dijo entonces y ahora, que en diciembre. Pero la coletilla de aquella filtración fue que el cierre de las diligencias vendría acompañado de un «duro relato» debido a las actividades del anterior monarca.
Era cuestión de tiempo y el rey emérito tendría el camino libre para volver a navegar en Bayona, uno de sus deseos confesados en círculos cercanos.
Pero sus planes se vinieron abajo al conocerse a principios de noviembre que Anticorrupción le investigaba por el uso de tarjetas opacas a nombre de terceros para gastos personales. Un presunto entramado para evitar la lupa de la Agencia Tributaria y que contaría con dos testaferros, un coronel de la Guardia Civil y un empresario mexicano cercanos al exjefe del Estado.
La publicación de la noticia no tardó en ser confirmada por la Fiscalía General del Estado a través de un comunicado. Son las diligencias de Anticorrupción 12/2019. Se habrían hallado indicios de delito del emérito tras los informes enviados por Hacienda y el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac).
Ahora, lejos de acompasar las acciones al lento paso de la justicia, el emérito ha dado un paso al frente para liberarse de esa carga. Para ello, según adelantó ayer El País, su abogado, Javier Sánchez-Junco, ha presentado ante Hacienda una propuesta para regularizar parte de unos bienes relacionados con el uso de tarjetas de crédito opacas. Se trata de una declaración voluntaria, en ningún caso relacionada con las informaciones que señalan que el anterior jefe de Estado mantendría, supuestamente, cuentas en paraísos fiscales, otro obstáculo que hace menos de un mes se puso en el camino de don Juan Carlos.
Fuentes del Ministerio de Hacienda señalaron ayer domingo que no se harán comentarios sobre la declaración del rey emérito, tal y como actúa la administración tributaria con cualquier otro ciudadano.
«No podemos hablar de casos concretos. Además se trata –destacó el Ministerio– de una investigación que lleva la Fiscalía, y todo lo que se haga en la investigación depende de ella». Todo hace suponer que la respuesta de Hacienda a la propuesta de don Juan Carlos se producirá antes de que finalice este año. Entonces se sabrá si se acepta la regularización y, por tanto, cuál es el importe a pagar.
El uso de tarjetas, utilizadas no solo por el rey emérito, sino también por otros familiares cercanos, entre los que se ha señalado a doña Sofía, se produjo entre 2016 y 2018. Se entiende que el dinero defraudado superó los 120.000 euros por ejercicio, que es el límite para considerar que existe delito fiscal, que es lo que ahora investiga la Fiscalía en el caso del rey emérito.
La «confesión»
La decisión del padre de Felipe VI concentró ayer las críticas de Unidas Podemos en el 42 aniversario de la Constitución. La formación de Pablo Iglesias volvió a exhibir una vez más las profundas diferencias que mantiene con la Corona y afirmó que el paso dado por Juan Carlos I es toda una «confesión» del delito de «fraude a la Hacienda española». «Menudo día ha elegido para confesar que ha defraudado», señaló el portavoz parlamentario, Pablo Echenique. En su opinión, es evidente que el rey emérito quiere regularizar la situación fiscal respecto al caso de sus tarjetas opacas «porque le han pillado».
El presidente del PP, Pablo Casado, prefirió defender el papel histórico del anterior jefe del Estado, sin pronunciarse sobre lo que entienden que es una cuestión privada que entra «en otro poder del Estado, que tendrá que decidir». El líder de la oposición resaltó el «legado» de don Juan Carlos como «arquitecto de la Transición».
Ningún representante del Gobierno ni del PSOE realizó comentarios sobre las investigaciones relacionadas con Don Juan Carlos ni sobre sus asuntos pendientes con Hacienda.
