El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha acusado este viernes al alcalde, Jaume Collboni de intentar resolver el problema de la vivienda al grito de ‘»expropíese», tras haber anunciado la intención del consistorio de cerrar todos los pisos turísticos de la ciudad condal en cuatro años.
Sirera, cuyo partido ya ha llevado al Constitucional la ley de la Generalitat en la que se ampara Collboni, ha manifestado que «las viviendas de uso turístico significan casi el 25% del turismo en la ciudad y, por lo tanto, eliminarlas sólo perjudicará al tejido económico y al turismo de Barcelona, además de generar inseguridad jurídica», según recoge un comunicado del PP.
El dirigente popular considera que ni la anterior alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de BComú, «fue tan lejos en sus ataques a la propiedad privada», como ha ido Collboni. En este sentido, Sirera ha apuntado que «hay que apostar por acabar con las viviendas de uso turístico sin licencia y garantizar el cumplimiento de la normativa de aquellas que la tienen concedida».
«Atacar el patrimonio de los propietarios eliminando de raíz todas las licencias es propio de regímenes bolivarianos», ha manifestado.
Sindicat de Llogateres: la propuesta de Collboni es un «brindis al sol»
El Sinidicat de Llogateres ha valorado que el compromiso del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de rescindir todas las licencias de vivienda de uso turístico en la ciudad en noviembre de 2028 es «poco más que un brindis al sol» porque se aprovecha para modificar el decreto de reserva del 30 por ciento para vivienda protegida.
En un comunicado, la organización ha opinado que el anuncio de Collboni «no tendrá ningún efecto práctico hasta dentro de cuatro años y medio», un período de tiempo en el que se pueden dar cambios políticos en el propio ayuntamiento (hay elecciones municipales en 2027) o en el decreto de alquileres turísticos en el Parlament de Catalunya.
Hasta finales de 2028, «los alquileres turísticos que operan legalmente lo seguirán haciendo y aquellos que hace años que lo hacen ilegalmente también, si el ayuntamiento no comienza a implementar mecanismos efectivos para perseguirlos».
Además, el anuncio se ha hecho de forma simultánea a la modificación del decreto de la reserva del 30% de vivienda protegida, una medida impulsada por las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda y que obligaba a los grandes tenedores a destinar un 30% de las nuevas promociones o rehabilitaciones integrales de la ciudad a vivienda de protección oficial.
«La modificación del decreto responde a los intereses de las grandes constructoras, que llevan años boicoteando la norma por decir que no funciona y simular que no da resultados», ha argumentado el Sindicato. Según esta entidad, «urge» regular los alquileres temporales y de habitaciones para que dejen de desviarse «hasta fines lucrativos».
