Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros por dos delitos fiscales para evitar ir a juicio.
El documento, cuyo contenido ha sido adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso EFE, está firmado por el abogado Carlos Neira, y en él detalla la pena y la multa que Alberto González estaría dispuesto a aceptar para evitar entrar en prisión.
El 2 de febrero, Neira envió a la Fiscalía un documento de ocho páginas en el que la pareja de Díaz Ayuso «acepta íntegramente» la comisión de dos delitos relativos a los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.
En concreto, su acuerdo de conformidad pasaba por aceptar ocho meses de cárcel -con lo que evitaría la prisión al ser menor de dos años y no tener antecedentes- y abonar la cuota defraudada, que ronda los 350.000 euros, más los intereses de demora y una sanción del 40 % de esa cantidad a Hacienda, lo que sumaría unos 525.000 euros.
«Alberto González Amador acepta íntegramente los hechos contenidos en la Liquidación Vinculada a Delito que adjuntamos a esta propuesta, así como la existencia de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021, y su autoría como administrador único y socia de la sociedad Maxwell», reza el escrito, que, por el contrario, omite toda alusión al delito de falsedad documental del que también le acusa la Fiscalía.
Asimismo, propone no poder aceptar ni obtener subvenciones o ayudas públicas ni tampoco el derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 9 meses.
Eso sí, la defensa deja claro que «esta propuesta de conformidad penal está condicionada a la suspensión de la pena de prisión que se le incluya en la conformidad penal definitivamente alcanzada».
Fuentes fiscales informan a EFE de que este documento se ha facilitado a los fiscales de Sala que este miércoles se reúnen en Junta para debatir si apoya o rechaza que se abra una investigación penal por un delito de revelación de secretos derivado de la filtración de datos del novio de la presidenta madrileña.
