La investigación judicial a Begoña Gómez retoma este lunes la ronda de declaraciones testificales tras la marejada que han dejado las últimas decisiones del juez Juan Carlos Peinado. Tras el registro de la Guardia Civil del domicilio particular y de una empresa de Juan Carlos Barrabés, el empresario clave de la causa por sus vínculos laborales con la esposa del presidente del Gobierno, y las referencias del magistrado al «silencio» de la comparecencia de Pedro Sánchez, Peinado interroga este lunes a cuatro nuevos testigos.
El magistrado centra su ofensiva en aclarar si el jefe del Ejecutivo pudo tener algún tipo de ascendiente en la carrera de su esposa en la Universidad Complutense (UCM). El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid toma declaración a los financiadores y/o patronos de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió Begoña Gómez. Se trata del consejero delegado de Reale Seguros Ignacio Mariscal y del subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón Martínez. También testifican la directora de Wakalua, Leticia Lauffer, y el consejero delegado del Grupo Barrabés, Luis Miguel Ciprés.
Esta tanda de interrogatorios es solo el inicio de una larga batería de diligencias previstas para este otoño, porque Peinado no se plantea, ni mucho menos, ralentizar su investigación a pesar de la ofensiva emprendida contra él en diferentes formatos por la Fiscalía Provincial de Madrid y las querellas presentadas por la investigada y el presidente del Gobierno contra el magistrado. El próximo 30 de septiembre, la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha fijado la «deliberación, votación y fallo» de los recursos de apelación que presentaron Gómez y el Ministerio Público. Tanto el abogado de ésta, el exministro del Interior socialista Antonio Camacho, como la Fiscalía recurrieron directamente en apelación a los superiores de Peinado el controvertido auto del 1 de julio en el que el instructor afirmó que «los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del Gobierno de España», en junio de 2018.
Instrucción prospectiva
Los tres magistrados de la Audiencia Provincial, al margen de determinar si -como afirma Camacho- el juez ha incluso reconocido abiertamente en sus resoluciones llevar a cabo una «investigación prospectiva», prohibida por la ley de enjuiciamiento criminal, tienen que decidir si acotan estas diligencias u obligan a Peinado a cerrar la causa.
El pasado 29 de mayo el tribunal de apelación le permitió seguir adelante tras el primer recurso contra la apertura de esta causa, y el juez está convencido de que volverá a tener el aval porque ha seguido las indicaciones de sus superiores. La Fiscalía y la defensa opinan lo contrario.
Sin embargo, lo cierto es que ahora nadie en la Audiencia se atreve a apostar cuál será el veredicto. Y ello porque el caso, cuatro meses después de su inicio, ha tomado derroteros alejados de la denuncia inicial de Manos Limpias con la acusaciones primigenias contra Gómez por -siempre según el pseudosindicato- haber intermediado en el rescate millonario de Air Europa y por haber redactado cartas de recomendación al empresario amigo Juan Carlos Barrabés, que luego ganó concursos de la administración central por valor de más de 10 millones de euros.
Tampoco tiene intención el juez de pisar el freno en tanto en cuanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decide si admite o no a trámite las denuncias por «prevaricación» que le interpusieron Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, el 30 de julio, instantes después de que se acogiera a su derecho a no declarar en la Moncloa, y tres días después su mujer por someterla a una investigación prospectiva. Así las cosas, y antes de que el tribunal se manifieste, el juez pretende realizar nuevas diligencias e interrogatorios para aclarar la trayectoria académica de la imputada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares. Para ello, es básico recibir la documentación que ha reclamado a la Complutense sobre las otras 54 cátedras extraordinarias que existen en el centro académico para comparar su composición y origen con la de Begoña Gómez.
La cátedra de la UCM Si la Audiencia Provincial sigue avalándole, Peinado resolverá este otoño si, tal y como viene barruntando desde julio, imputa al rector de la UCM, Joaquín Goyache, también por prevaricación por haber montado de manera exprés la cátedra de Transformación Social Competitiva a Gómez, aparentemente a dedo, y después de que en verano de 2020 se reuniera con la investigada en las dependencias de la Moncloa.
Pero la investigación que encara el juez a la vuelta de vacaciones sobre la vida profesional de la imputada es más amplia. A la vista de los últimos requerimientos, también quiere saber si Sánchez pudo ejercer algún tipo de influencia en la contratación por parte del Instituto Empresa (IE) de su mujer para trabajar en el África Center, dependiente del IE, antes de codirigir la cátedra.
Hasta ahora la investigación ha confirmado que los contactos entre Gómez y el IE empezaron en febrero de 2018, cuando el actual presidente era líder de la oposición. Sin embargo, la firma del contrato se produjo en agosto de ese año, poco después de que Sánchez llegara a Moncloa tras la moción de censura a Mariano Rajoy.
