El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha citado este lunes como investigados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para que declaren los próximos 29 y 30 de enero respectivamente, por supuesta revelación de secretos.
El instructor ha tomado esta decisión al considerar que «hay una base indiciaria para presumir la relevante participación» del fiscal general «en esa filtración», relacionada con el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
El magistrado argumenta que el fiscal general «fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos».
Además, el magistrado ha imputado al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, al entender que, de manera coordinada con los otros dos investigados e podría «haber concertado para revelar secretos o informaciones reservadas relativas a otro ciudadano, de los que habrían tenido conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deberían haber sido divulgados». A Villafañe le ha citad para el 5 de febrero.
Por su parte, el Gobierno mantiene su «absoluta confianza» en el fiscal general del Estado.
Fuentes del Ejecutivo han señalado que continúan teniendo una «absoluta confianza» en García Ortiz como ya han dejado patente a lo largo de todo este asunto.
Al respecto, hacen hincapié en lo que vienen lamentando, que se persiga al que persigue el delito.
En esa línea, insisten en que en este asunto los hechos son que hay un delito reconocido por la pareja de Díaz Ayuso y una filtración por parte del jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez.
