El juez del caso Volhov Joaquín Aguirre denegó la amnistía del expresidente catalán Carles Puigdemont por la supuesta injerencia rusa en el procés y envió la causa al Supremo, sin esperar a que la Fiscalía se pronunciara, según han informado a EFE fuentes jurídicas.
Tras cuatro años de investigación sobre la supuestas conexiones con Rusia, el juez ha acelerado en las últimas semanas los trámites para enviar la causa al Supremo, mientras está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decida si le investiga a raíz de la querella por prevaricación que Puigdemont presentó contra él, lo que le obligaría a apartarse del proceso.
El pasado 21 de junio, con la amnistía ya en vigor, el juez abrió una nueva pieza separada para seguir indagando la supuesta injerencia rusa -en la que implicaba a Puigdemont y al expresident Artur Mas- después de que la Audiencia de Barcelona le impidiera seguir investigando y anulara las diligencias de los últimos ocho meses por no estar debidamente justificadas las prórrogas de la causa.
En su auto, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona daba dos días a la Fiscalía y la defensas para que se pronunciaran sobre si el caso es amnistiable, un plazo inusualmente breve para ese tipo de trámites -otros tribunales están permitiendo entre 5 y 10-, pero que suele ser flexible, según apuntan las mismas fuentes a EFE.
La ley establece que el juez deberá decretar el sobreseimiento de las causas en instrucción que puedan encajar en los supuestos amnistiables, «previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes».
El fiscal Ricardo Sanz-Gadea redactó en plazo el informe con su posicionamiento sobre la amnistía a Puigdemont, a quien el juez acusa de los delitos de traición, malversación y organización criminal, y lo remitió a sus superiores de la Fiscalía Anticorrupción -con sede en Madrid- para que lo visaran y dieran luz verde a su propuesta, como es preceptivo en el ministerio público.
Mientras la Fiscalía Anticorrupción tenía aún sobre la mesa el informe para visarlo, el juez -que había sido informado verbalmente de que el escrito estaba en trámite, aseguran las fuentes consultadadas por EFE- resolvió denegar la amnistía y remitió al Supremo la exposición razonada con los indicios que a su parecer vinculan a Puigdemont con la supuesta conexión rusa en busca de apoyos para el procés.
En paralelo, el TSJC tiene pendiente decidir si admite a trámite la querella que Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, presentó por malversación y prevaricación contra el juez Aguirre, al que acusa de investigar ilegalmente la supuesta injerencia rusa en el procés usando fondos públicos.
Si el alto tribunal decidiera investigar a Aguirre por la querella, el magistrado incurriría en uno de los motivos de abstención o recusación, lo que le obligaría a apartarse de la causa sobre la supuesta injerencia rusa, han apuntado fuentes jurídicas a EFE.
Además, la nueva pieza separada abierta por el juez para soslayar la orden de la Audiencia que le impedía seguir investigando la supuesta injerencia rusa -en lo que él mismo definió como una «solución alternativa a las objeciones técnico-procesales-» está recurrida ante la misma sala, que podría volver a tumbar su resolución.
Antes de que la Audiencia se haya pronunciado sobre la legalidad de la nueva pieza separadas, el magistrado ha enviado la causa al Supremo -que deberá decidir ahora si ve motivos para investigar la supuesta injerencia rusa y resolver si es amnistiable-.
De hecho, el abogado de Puigdemont envió el pasado martes un escrito dirigido al letrado de la administración de justicia (LAJ) del juzgado para advertirle que no le consta que se haya dado traslado de sus recursos a las otras partes, trámite necesario para que la Audiencia los resuelva.
Asimismo, Aguirre ha vuelto a ser recusado por varios investigados, que esgrimen falta de imparcialidad del magistrado por la grabación de una conversación suya que publicaron varios medios en los que se jactaba de haber tumbado la ley de amnistía.
Para denegar la amnistía de Puigdemont, Joaquín Aguirre argumenta que la supuesta trama rusa no entra en la ley porque esta excluye aquellos actos que supusieran una «amenaza real y efectiva» o un «uso efectivo de la fuerza» contra la integridad territorial de España, lo que a su entender ocurrió con el procés.
De acuerdo con su interpretación, debe entenderse por amenaza la «probabilidad alta» de que la traición se llevara a efecto y, a su juicio, poco antes de la declaración de independencia de octubre de 2017, «la injerencia rusa estuvo a un solo paso de dar sus frutos».
Si no llegó a hacerse efectiva, añade, fue porque «el expresident Puigdemont tuvo pánico, es decir, tuvo un grado muy alto de miedo y temor, por lo que implicaba para Catalunya y él mismo continuar con la DUI y la entrada en la órbita del neoimperialismo ruso de carácter iliberal y antidemocrático, contrario a la democracia liberal de la UE».