El Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya aprobará este martes el nombramiento de Josep Muñoz Luque como nuevo director general del sistema de Atención a la Infancia y la Adolescencia en Catalunya (DGAIA), dependiente de la Conselleria de Drets Socials, según ha informado El Periódico.
Muñoz asumirá el cargo en sustitución de Isabel Carrasco, que estaba en la DGAIA desde 1998 cuando entró a trabajar en la delegación de Tarragona. Carrasco (natural de Reus) fue destituida por la consellera de Drets Socials, Mónica Martínez, junto con el subdirector del organismo, Joan Mayoral.
El Govern deberá debe aclarar las razones de la destitución de la cúpula de la DGAIA, que llevaba apenas seis meses en sus funciones. Este relevo se produce en un contexto de creciente malestar entre las entidades sociales encargadas de gestionar los centros de menores.
Un perfil con experiencia en servicios sociales
El nuevo director general, Josep Muñoz, asumirá la responsabilidad sobre 19.000 niños y adolescentes en Catalunya. Diplomado en Trabajo Social, Sociología y Ciencias Políticas, su trayectoria profesional ha estado estrechamente ligada al área de Servicios Sociales de la Diputación de Barcelona.
Un cese polémico
La consellera Mónica Martínez cesó a la directora de la DGAIA, Isabel Carrasco, y también prescindió de su subdirector, Joan Mayoral, según confirmaron El Periódico y El Món.
Carrasco llevaba 26 años vinculada a la DGAIA. En 1998 comenzó a trabajar en la delegación de Tarragona, y en 2016 ascendió a jefa de servicio, siendo la responsable de la implantación del programa piloto Barnahus, un modelo para abordar la violencia sexual contra menores que se ha extendido a toda Catalunya. Por su parte, Mayoral asumió el cargo de subdirector en 2024, tras haberlo ocupado previamente entre 2007 y 2018.
Un informe contundente
El informe de la Sindicatura de Cuentas (explica El Món) señalaba responsabilidades de la dirección administrativa y política por las irregularidades detectadas entre 2016 y 2020.
Además, criticaba conductas fuera de la normativa y subrayaba que, en los centros analizados, el gasto reconocido por la DGAIA había superado el gasto contratado en 774.283 euros en 2016, en 5,26 millones en 2017 y en 11,80 millones en 2018. Tras analizar estos datos, la Sindicatura concluyó que existía una sobrefacturación “sin cobertura legal para el reconocimiento del gasto”. La auditoría también indicaba desorden contable en la prórroga de contratos, en las “acreditaciones” de las entidades contratadas y en la falta de referencia de precios y costos.
El desorden detectado en la DGAIA por la Sindicatura provocó una disputa política entre Junts per Catalunya y ERC, después de que los republicanos se unieran al PSC y Comuns para rechazar una propuesta de Junts en el Parlament que instaba al Ejecutivo de Illa a seguir las recomendaciones del informe. Esta negativa llevó a Junts a solicitar la comparecencia de Ricard Calvo i Pla, exdirector general de la DGAIA; del exconseller Chakir El Homrani; del exsecretario general de Asuntos Sociales, Oriol Amorós, y del exsecretario de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Josep Ginesta. Sin embargo, Junts votó junto con PSC, ERC y Comuns en contra de la comparecencia solicitada por Aliança Catalana, que pedía explicaciones a la consellera Mónica Martínez Bravo sobre las irregularidades en el funcionamiento de la DGAIA.
