El Ejecutivo considera que los indultos a los presos del procés que ha aprobado este martes están suficientemente motivados y argumentados y, por ello, ve "muy difícil" que el Tribunal Supremo pueda estimar algún recurso contra ellos y anularlos.
Fuentes del Ejecutivo han rechazado analizar la legitimación del PP o de Vox para recurrir estas medidas de gracia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, pero han insistido en que las razones de "utilidad pública" por las que el Ejecutivo ha acordado los indultos son suficientes según la jurisprudencia de ese tribunal.
El Gobierno no argumenta razones de justicia o de equidad, solo de utilidad pública, pero está convencido de que son bastantes para justificar las medidas de gracia por las que ha anulado las penas de prisión a los nueve condenados por sedición por los acontecimientos de otoño de 2017.
El otro requisito que exige la Sala Tercera es motivar y explicar los indultos, máxime cuando hay un informe en contra del tribunal sentenciador, por lo que el Ejecutivo ha incluido "34 folios de motivación".
Las fuentes consideran que el procedimiento se ha seguido "de manera escrupulosa" y que, de presentarse, los recursos no serán aceptados.
Tampoco ven futuro a unas posibles medidas cautelarísimas para revertir los indultos, dado que ese tipo de decisiones se toman solo en casos en los que los daños que se puedan provocar sean "irreversibles", algo que no ocurre en este caso.
Asimismo, tienen claro que no se trata de un "autoindulto", como sugirió en su informe el Supremo por tratarse de personas que representan a partidos que apoyan al Ejecutivo, porque el Gobierno interpreta de forma restrictiva esa prevención y cree que afecta tan solo a los miembros del Consejo de Ministros.
El indulto, el miércoles
El Gobierno prevé que el Tribunal Supremo (TS) pueda aplicar el indulto a los presos del 1-O este miércoles, después de que se hayan publicado en el BOE.
Los expedientes de indulto que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros suponen la extinción total las penas de prisión que les resta por cumplir a los nueve condenados por sedición y malversación en el proceso soberanista en Catalunya, en los que se ha perdonado por años, no por delitos.
Los indultos aprobados este martes también fijan un periodo de seguridad de entre tres y seis años que condiciona el perdón a los nueve condenados a que no vuelvan a cometer delitos graves