El Consejo de Ministros ha acordado prorrogar hasta 2028 la suspensión de los desahucios hipotecarios para deudores en situación de vulnerabilidad, una medida que vencía esta semana y de la que se podrían beneficiar unos 30.000 hogares.
El Real Decreto Ley por el que se prorrogan las medidas de suspensión de lanzamientos sobre la vivienda habitual para la protección de los colectivos vulnerables, aprobado este martes, tiene su origen en la ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, aprobada por el gobierno del PP en 2013 para paliar los efectos de la crisis económica de 2008.
Esa ley paralizaba durante dos años los desahucios hipotecarios de familias en situación de especial riesgo de exclusión social, entre ellas, familias numerosas y unidades familiares monoparentales con al menos un hijo a cargo.
También, a familias con menores y con alguno de sus miembros en situación de dependencia, enfermedad o una discapacidad reconocida igual o superior al 33 %, a víctimas de violencia de género y a casos en los que el deudor hipotecario se encuentre en desempleo o sea mayor de 60 años.
Desde entonces la moratoria se ha prorrogado en varias ocasiones, la última de ellas, a iniciativa de Podemos, en mayo de 2020, recién irrumpida la pandemia de covid, con un decreto que no solo la extendía durante cuatro años, sino que también amplió las posibilidades para acogerse a un mayor número de familias.
Fuentes del Ministerio de Vivienda han destacado que el texto prorroga hasta el 15 de mayo de 2028 el contenido de ese Real Decreto Ley y que, si bien la medida está destinada a un determinado colectivo vulnerable, «su impacto económico general es positivo, ya que la lucha contra la exclusión social tiene externalidades positivas para el conjunto de la sociedad, al favorecer la seguridad, la paz y la cohesión social, factores fundamentales para favorecer el desarrollo y el crecimiento económico».
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) considera que la medida no debe limitarse a una mera ampliación temporal, sino que debe buscarse una solución definitiva, que incluya su anotación en el Registro de la Propiedad para evitar el «acoso inmobiliario» y la «indefensión de quienes se hayan podido acoger ante nuevos propietarios que intentan ignorarla».
También pide la introducción del derecho de tanteo y retracto para quienes, habiéndose acogido, puedan estar en disposición de adquirir de nuevo la vivienda, así como la opción de que la administración la compre como parque púbico.
Podemos y Sumar reivindican la medida
Entretanto, en el Congreso, tanto Sumar como Podemos han reivindicado la iniciativa como suya.
«Nos congratulamos de que el PSOE cumpla los compromisos a los que llega con nosotros», ha subrayado el portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez, para quien «lo fundamental es que se otorgue plena seguridad jurídica a los afectados y no se deje ningún resquicio para que ningún juez sin sensibilidad social actúe a favor de la banca que desahucia».
El portavoz de Podemos ha criticado, no obstante, que el Gobierno haya «llevado casi al límite» esta prórroga, lo que ha producido «a muchas familias mucho estrés y ansiedad por no saber qué iba a pasar», ha explicado.
Por su parte, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha señalado que esta es una de las «cuestiones que demuestran quién es el pulmón que lleva la iniciativa política en el Gobierno» y que, el Real Decreto, «aún siendo importante, es un parche».
