El Gobierno de España se dispone a «extinguir» la Fundación Francisco Franco en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, por considerar que esa entidad hace apología de la dictadura, según ha anunciado este viernes en Fuerteventura el ministro Ángel Víctor Torres.
«La ley dice claramente que no caben fundaciones que vanaglorian a aquellas personas, colectivos o asociaciones que hicieron apología del franquismo, que defendieron el totalitarismo y la dictadura. Por lo tanto, no cabe la Fundación Francisco Franco, en ningún caso. Y lo que se va a hacer es extinguirla», ha señalado a los periodistas el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Ángel Víctor Torres ha hecho este anuncio durante su visita a uno de los símbolos de la represión de la dictadura, la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, donde el régimen que gobernó España desde 1936 hasta 1975 recluyó durante años a personas del colectivo LGTBI solo por su condición sexual.
El titular de Memoria Democrática ha precisado que no compete a su ministerio, sino al de Cultura, en cuyo registro se encuentra la Fundación, pero también han discutido ya ese asunto con el ministro Ernesto Urtasun, que «conoce bien los pasos a dar».
«Por lo tanto, toda fundación o asociación que defienda al dictador o a quienes hacían apología de la dictadura, tiene que estar eliminada de la democracia, pero eso no es nada nuevo: eso es propio de la Ley de Memoria Democrática y del derecho internacional, es propio de las convenciones de las Naciones Unidas, de sus convenios y sus resoluciones en defensa de los derechos humanos», ha argumentado.
Torres ha añadido que, por ello, le «entristece que haya comunidades, como la de Aragón (gobernada por PP y Vox), que derogan su Ley de Memoria Democrática» y eliminan también la disposición que rendía homenaje a los ciudadanos españoles de esa región que murieron en los campos de concentración nazis durante la II Guerra Mundial.
«Eso ya no va solo contra una ley española, va en contra del derecho internacional, que dice claramente que esos campos de exterminio fueron campos aborrecibles y, por tanto, hay obligación de proteger a las familias y las personas que fueron víctimas de los mismos. Porque ahí se incumplieron absolutamente todos los derechos humanos», ha continuado.
A su juicio, no tiene sentido que a estas alturas haya quienes «pretendan quitar los lugares de memoria o no quieran poner en el mapa las fosas» de los republicanos represaliados por el franquismo.
Torres ha recordado que en el ayuntamiento del que fue alcalde, Arucas (Gran Canaria), se excavaron dos pozos donde fueron arrojados en 1936 varias decenas de personas que había sido asesinadas por los sublevados y que hasta ese momento se daban por desaparecidas, y ha remarcado que se hizo con el apoyo de instituciones presididas por políticos de distinto signo (PSOE en el Consistorio, PP en el Cabildo y Coalición Canaria en el Gobierno autonómico).
«Eso es un ejemplo para el resto de las comunidades, cuando algunas están en la voluntad, por ejemplo, de igualar los 40 años de dictadura con los años de la II República. Y no son iguales», ha añadido.
Aprovechando que se encontraba en un lugar de referencia para el colectivo LGTBI, el ministro ha recordado que durante la República «las personas homosexuales eran libres, iguales, con idénticos derechos de amar que las heterosexuales y la dictadura los segregó, los margino, los señaló, los convirtió para el resto de la sociedad casi en personas a perseguir».
