La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha defendido la aplicación de test dentales para determinar la edad de los migrantes llegados en patera, argumentando que esto permitirá garantizar la protección de los menores bajo tutela en los centros de acogida, evitando su convivencia con adultos. Prohens ha respaldado así un acuerdo entre el Partido Popular y Vox, enmarcado en las negociaciones para aprobar los presupuestos autonómicos de 2025, que prevén un aumento de 450 millones en gasto social respecto a 2023.
Sin embargo, la Delegación del Gobierno en Baleares ha recordado que estas pruebas dependen exclusivamente del Ministerio Fiscal y solo se realizan en casos donde sea indispensable comprobar la edad ante la falta de documentación. Según un comunicado oficial, este procedimiento se reserva a situaciones estrictamente necesarias y se ajusta a la normativa vigente.
Debate sobre la necesidad de estas pruebas
En el pleno del Parlament, Prohens ha respondido a las críticas de PSOE y Més per Mallorca, insistiendo en la importancia de confirmar que los migrantes no acompañados son menores de 18 años. La presidenta ha subrayado su responsabilidad en evitar la convivencia de menores desamparados con adultos y ha explicado que los consells insulars consideran estas pruebas esenciales para gestionar la tutela de niños y adolescentes vulnerables. Asimismo, ha solicitado más espacios para atender la creciente demanda de plazas, atribuida al aumento de la inmigración irregular, y ha advertido sobre el riesgo de que Baleares enfrente una crisis humanitaria similar a la de Canarias.
Por otro lado, Iago Negueruela, portavoz socialista, ha acusado a Prohens de asumir un discurso «racista y contrario a los Derechos Humanos» al aliarse con Vox para aprobar un presupuesto que, según él, beneficia a los sectores más ricos en detrimento de las clases trabajadoras. En la misma línea, Antoni Noguera, líder de Més per Mallorca, ha cuestionado la validez de las pruebas, destacando su amplio margen de error y el peligro de que menores queden desprotegidos, calificando esta medida como un «ataque a la dignidad humana».
Postura de la Delegación del Gobierno
La Delegación del Gobierno ha subrayado que el protocolo actual exige que las pruebas sean respetuosas, proporcionadas y no invasivas, además de contar con el consentimiento del menor, protegiendo así sus derechos fundamentales. Alfonso Rodríguez Badal, delegado del Gobierno en Baleares, ha pedido que no se instrumentalice la situación de los menores no acompañados para justificar pactos políticos, advirtiendo que esta práctica atenta contra su dignidad y vulnera sus derechos.
Rodríguez ha insistido en que el objetivo principal debe ser garantizar la protección integral de los menores migrantes, alineándose con las normativas nacionales e internacionales. Además, ha recordado que cualquier discusión al respecto debe centrarse en soluciones solidarias que prioricen los derechos humanos, sin recurrir a estas pruebas de forma indiscriminada o con fines ajenos a su propósito inicial.
