El Gobierno ha aprobado este lunes un segundo de paquete de 110 medidas para afectados por la DANA, por 3.765 millones de euros y entre las que está extender los ERTE por fuerza mayor a empresas fuera de la zona más afectada y permisos laborales retribuidos.
Según ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a las medidas aprobadas la pasada semana, se alcanzan ya los 14.373 millones, un «escudo social» que «podrá ayudar en torno a unos 400.000 trabajadores a mantener sus ingresos, a unas 30.000 empresas a reactivar su actividad y a unos 100.000 hogares a cubrir las necesidades básicas».
Entre las nuevas medidas, el decreto ley incluye extender las ayudas directas a la vivienda a los propietarios que no residen en ellas pero las tienen arrendadas, al tiempo que se amplia a los inquilinos las ayudas por enseres dañados.
Asimismo, habrá un anticipo inmediato del 50% de estas ayudas para que no tengan que esperar la tramitación de su expediente.
Más de 2.800 particulares han pedido ayudas directas por daño a la vivienda y pérdida de enseres y se han cursado más de 158.000 reclamaciones al consorcio de compensación de seguros, de las que el 80% ya están en tramitación y las primeras han empezado a cobrarse, ha detallado Sánchez.
También se ha aprobado un incremento temporal del 30% del complemento de ayuda para la infancia, que perciben unas 10.000 familias en las zonas afectadas.
Permisos laborales pagados por las empresas
El Ministerio de Trabajo ha detallado que el permiso retribuido lo podrán solicitar cada uno de los progenitores o cuidadores para atender a personas a su cargo, por la imposibilidad de trasladarse a su lugar de trabajo, por la necesidad de acondicionar su vivienda o por desaparición o fallecimiento de familiares y durante todo el tiempo que persista la causa.
Aunque el pago correrá a cargo de las empresas, en la actualidad 412 compañías de la zona ya han solicitado un ERTE, de forma que los trabajadores afectados cobrarían la prestación por desempleo y no este permiso.
Asimismo, se articula una prestación extraordinaria para autónomos, que les permitirá compatibilizar su actividad durante tres meses con una prestación por cese parcial, equivalente al 50% de su base de cotización.
También se extiende la figura del ERTE por fuerza mayor a empresas de los municipios que no estén en la lista de los damnificados por la dana pero que se hayan visto afectadas por sus consecuencias, lo que supone que la Seguridad Social se hará cargo del 100 % de las cotizaciones de los trabajadores incluidos en esos expedientes.
El teletrabajo será preferente y los trabajadores también podrán solicitar la adaptación de su jornada (ya sea mediante una reducción, cambio de turno, jornada intensiva, horario flexible...) teniendo en cuenta las necesidades empresa y empleado y negociando ambas partes de buena fe.
Todas las bajas (incapacidad temporal) se tratarán como accidente de trabajo, lo que elimina el requisito de número de años previos cotizados.
En cuanto a la nulidad de los despidos, afectará a empresas que reciban ayudas y también en despidos a trabajadores por acogerse a algunas de las medidas o permisos aprobados.
En los ERTE, el informe de la Inspección dejará de ser obligatorio, para agilizar, y los trabajadores recibirán prestación por el 70 % de la base reguladora, sin necesidad de periodo mínimo de cotización y sin que consuma desempleo.
Estas condiciones se extienden a las empleadas de hogar que no puedan trabajar por la dana.
Asimismo, se ha dado luz verde a un plan de 50 millones de euros para la contratación de personas desempleadas en las zonas afectadas por la dana.
Ayudas para el tejido productivo
El decreto ley también incluye ayudas directas de 200 millones para explotaciones agrarias que no puedan realizar la siguiente campaña con normalidad o que tengan unas pérdidas de su potencial productivo superiores al 40 %, a lo que se suma una línea adicional del ICO de 60 millones de euros para agricultores y ganaderos.
Otros 175 millones se destinarán a reparar infraestructuras agrarias como caminos, bancales y sistemas de regadío, mientras que se destinarán 45 millones a restaurar la Albufera y las cuencas fluviales afectas.
Se dedicarán 500 millones a financiar un plan de acción contra el Lodo para retirar los restos acumulados y reparar las redes de agua de los municipios afectados.
Adicionalmente, se destinan 2 millones en ayudas directas a cines, librerías y entidades culturales que han tenido que cerrar sus puertas.
Del total de ayudas aprobadas este lunes, la mayor partida corresponde al Ministerio de Trabajo y Economía Social, 1.439,6 millones; seguido por el de Inclusión y Seguridad Social (1.098 millones); Transición Ecológica y Reto Demográfica (516,6 millones) y Agricultura, pesca y Alimentación (444,5 millones).
