El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado este lunes por seis votos a cinco admitir a trámite el recurso del PP contra la tramitación de la reforma judicial del gobierno español incluida dentro de la reforma del Código Penal.
El sector conservador ha impuesto su mayoría en esta primera votación después de cinco horas de debate, y el TC aborda ahora la cuestión nuclear del pleno: las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP que, entre otros, pidan la suspensión inmediata del debate y votación de la ley en el Senado. Los magistrados también han rechazado por seis votos a cinco las recusaciones del PSOE y Podemos contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el también conservador Antonio Narváez.
Los magistrados conservadores han abierto la puerta al recurso del PP y han marcado un orden de deliberaciones que favorece los intereses del partido de Alberto Núñez Feijóo. Primero han acordado por siete votos a cinco traspasar la cuestión de la Sección Segunda al Pleno. Esto es importante porque a la Sección Segunda la mayoría es progresista (empate de tres progresistas, tres conservadores y el voto de calidad del presidente progresista Antonio Xiol), mientras que al pleno la mayoría es conservadora.
El segundo punto era la admisión a trámite, y lo tercero –que ahora se debate- son las medidas que reclaman los populares, es decir, la suspensión de la tramitación de la ley. Previamente también han rechazado –con los votos de los mismos afectados, que no se han querido ausentar de la votación- las recusaciones que el PSOE y Podemos han presentado contra el presidente del TC, Pedro González-Trevijano, y el también conservador Antonio Narváez.
Ahora los magistrados debaten sobre las cautelarísimas. Una todavía hipotética suspensión de la reforma judicial abriría incógnitas sobre el conjunto de la reforma del Código Penal. El Senado tendría la posibilidad de mantener el debate y votación del próximo jueves –hecho que los supondría un enfrentamiento directo con el TC-; suspender el conjunto de la tramitación de la reforma a la espera de una decisión definitiva del TC, o introducir enmiendas en el texto de la reforma del Código Penal para eliminar las partes que hacen referencia a la reforma judicial suspensa.
De hecho, este martes se reúne la ponencia de la Comisión de Justicia del Senado con la mirada puesta en la decisión del TC y sus efectos sobre las dos enmiendas impugnadas. Las enmiendas plantean una rebaja de la mayoría necesaria para que el Consejo General del Poder Judicial elija los dos magistrados del TC que le corresponden.
Hasta ahora hacían falta 3/5 partes de los vocales, un porcentaje que permite al PP mantener el bloqueo de la renovación, y con la reforma se elegirían simplemente los dos más votados. También eliminaban la capacidad del Tribunal Constitucional de considerar como no idóneos los magistrados del TC designados por el gobierno español.
Todo ello a 24 horas de un nuevo pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que podría descoyuntar parte de la situación. Los vocales tienen que votar los dos candidatos (uno de progresista y uno de conservador) que tienen que ocupar sillas al Tribunal Constitucional.
El sector conservador aprovecha que el sistema actual de designación todavía marca una mayoría de 3/5 para intentar que los progresistas acaben aceptando la sustitución de su candidato actual, José Manuel Bandrés, por el también progresista Pablo Lucas.
El motivo es que Bandrés –contrariamente a Lucas- sería propicio votar a favor de la presidencia del TC del progresista Cándido Conde-Pumpido, y no otras opciones preferidas por la derecha como podría ser la magistrada Maria Luisa Balaguer.
El sector conservador del CGPJ pidió este pleno para poder designar los magistrados antes de que entre en vigor la reforma del Código Penal, porque el cambio de sistema permitirá que sean designados los dos candidatos más votados, y por tanto Bandrés –y no Lucas- ocuparía una silla al TC.