El Consejo de Europa considera que las sentencias judiciales que imponen un mínimo de clases en castellano en comunidades autónomas con lengua cooficial infringen los compromisos que España ha asumido para proteger las lenguas regionales o minoritarias.
En su informe de evaluación de España sobre la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias, los expertos del Consejo de Europa se muestran «profundamente preocupados» por las sentencias judiciales que imponen un mínimo de clases en castellano debido a las «incertidumbres» que han creado sobre el uso de una u otra lengua como vehicular en la educación.
Los expertos recuerdan que España, cuando suscribió esta carta —algunos países miembros como Francia no han querido hacerlo para no estar obligados a garantizar ninguna otra lengua aparte del francés— optó por «el máximo nivel de protección».
Esto implica que la lengua regional o minoritaria debe utilizarse como lengua vehicular para la enseñanza de las distintas asignaturas (por ejemplo, el catalán en Catalunya), y esto con la única excepción de las clases de lengua española y de lenguas extranjeras.
Para el comité de expertos encargado de la evaluación, este principio debe aplicarse de manera «flexible», teniendo en cuenta que el preámbulo de la carta establece que la protección de las lenguas regionales o minoritarias «no debe hacerse en detrimento de las lenguas oficiales y de la necesidad de que se aprendan».
Es decir, que en algunas escuelas, por sus circunstancias sociolingüísticas, el uso del castellano como lengua vehicular en una o más asignaturas puede ser necesario para garantizar su aprendizaje.
Pero al mismo tiempo, insisten en que «fijar un porcentaje mínimo de enseñanza en castellano para cada centro escolar es claramente contrario a los compromisos aceptados por España en virtud del artículo 8 de la carta».
La polémica resurgió sobre todo con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, a finales de 2020, estableció que los centros escolares debían impartir un mínimo del 25 % de las clases en castellano, lo que cuestionaba en parte el modelo de inmersión lingüística en esta comunidad autónoma, donde el catalán es la lengua vehicular.
Los expertos del Consejo de Europa también cargan contra la acción de algunas comunidades autónomas, destacando los casos de Aragón, Baleares y la Comunidad Valenciana, donde constatan «un deterioro de la situación» de las lenguas regionales o minoritarias con «medidas que dificultan» el cumplimiento de las obligaciones de la carta.
En términos generales, el Consejo de Europa considera que el sistema de protección de las lenguas regionales y minoritarias está «bien desarrollado» y señala que desde 2023 se pueden utilizar las lenguas cooficiales en el Congreso y el Senado.
Sin embargo, sigue observando cuestiones pendientes en la educación —como las mencionadas sentencias—, en la Justicia, en la Administración del Estado en algunos servicios públicos y en los intercambios transfronterizos.
En cuanto a la Justicia, señala que la legislación actual o su interpretación «no garantiza» que los tribunales lleven a cabo los procedimientos en las lenguas cooficiales, y aunque admite que no hay datos a nivel estatal, «es bien sabido» que «casi nunca se utilizan» ni en las audiencias, ni en los dictámenes, ni en los documentos o en la correspondencia con las partes.
Es más —añaden los expertos europeos— la mayoría de las instancias judiciales «no atienden las peticiones para recibir documentación» en esas lenguas cooficiales, que son el catalán, el euskera o el gallego.
El Consejo de Europa también critica la situación en la Administración del Estado en las comunidades con lengua cooficial, ya que la proporción de plantilla que tiene conocimientos para trabajar con ella «sigue siendo demasiado baja y muchos textos administrativos y formularios continúan estando disponibles solo en castellano».
Para los expertos, la oferta de programas de televisión o radio en las lenguas cooficiales es «generalmente satisfactoria», aunque no en la televisión pública estatal, donde la consideran «escasa».
Pero la principal cuestión en el sector es que con la emergencia de plataformas internacionales audiovisuales, con las cuales algunas comunidades autónomas ya han establecido acuerdos para doblar películas y programas, el Consejo de Europa propone que las autoridades estatales también hagan esfuerzos.
El objetivo es que «se reflejen mejor todas las lenguas regionales y minoritarias habladas en el territorio español en todo tipo de medios».
El comité de expertos se muestra muy cauto sobre la controversia de nombrar algunas lenguas de manera diferente según el enfoque, en una alusión que se refiere en particular al uso del término valenciano para referirse al catalán que se habla en la Comunidad Valenciana.
Conscientes de la sensibilidad de esta cuestión, explican que han decidido «adoptar un enfoque en el que el nombre de la lengua elegida y su identidad no obstaculicen la plena aplicación de la carta».
En cualquier caso, tras recordar que su mandato es evaluar si todas las lenguas protegidas por este texto internacional reciben la protección en base a los compromisos de España, reconocen que «les preocupan las situaciones en las que una lengua con dos nombres diferentes crea problemas para la protección de la lengua».
