Ninguna aseguradora se ha postulado para ofrecer cobertura sanitaria a los funcionarios a través de Muface durante los próximos dos años, ni siquiera alguna de las tres que hasta ahora daban cobertura, Asisa, DKV y Adeslas.
Al concluir este martes el plazo para presentarse al nuevo concurso, ninguna empresa lo ha hecho, según ha confirmado la propia Muface, lo que, en principio, obliga a la sanidad pública a integrar a los 1,5 millones de personas, entre funcionarios y familiares, que ahora son atendidos a través de este concierto.
"Los 1,5 millones de mutualistas recibirán las mismas prestaciones sanitarias y sociales que en la actualidad", ha asegurado en un comunicado Muface, a la que las tres aseguradoras ya habían reclamado sin éxito un contundente incremento de la prima que ofrece por cada asegurado.
Al respecto, Muface insiste en que "la atención médica y asistencial se mantendrá en los términos actuales" a partir de que al final de este año acabe el contrato actual "con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del sector público", aunque no da más detalles.
El Consejo de Ministros autorizó el pasado 8 de octubre la celebración de un nuevo concierto con la finalidad de garantizar la asistencia sanitaria del colectivo cubierto, que supera los 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios.
Para ello acordó incrementar la cuantía total de la contratación a 1.337,05 millones de euros en 2025 y 1.344,55 millones en 2026, un aumento total del nuevo concierto de 303 millones respecto a 2024.
Con dicha dotación, el concierto 2025-2026 ofrecía una prima del 17,12 %, la mayor de la historia desde que existen registros homologables. Sin embargo, este incremento estaba muy lejos de la subida del 38 % que las aseguradoras consideraban necesaria para que la prestación del servicio no sea deficitaria.
Una vez que la licitación ha quedado desierta, Muface, como órgano de contratación, iniciará los trabajos para una nueva licitación.
Los contratos que no han quedado desiertos son los que prevé la cobertura sanitaria al Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas), con cerca de 560.000 funcionarios y sus beneficiarios, y para la Mutualidad General Judicial (Mugeju) que atiende a cerca de 92.000 funcionarios del ámbito judicial y sus familiares.
Para esos contratos se han postulado Asisa y Adeslas, mientras que DKV tampoco se ha presentado a estas convocatorias también "obligada por la insuficiencia de la propuesta económica, que llevaría a un empeoramiento de la atención al paciente y a un deterioro de la retribución a los profesionales sanitarios", según ha dicho en un comunicado.