Este miércoles se celebra en Santa Cruz de Tenerife una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que está previsto que las comunidades aborden la acogida solidaria de menores migrantes desde zonas con recursos saturados como Canarias.
La cita llega después de semanas de polémica en torno a la reforma de la ley de Extranjería que plantea el Gobierno para regular un reparto equitativo de los jóvenes, que será presentada a las autonomías en la Sectorial, y sobre la posición del PP respecto a la acogida solidaria entre territorios, a lo que se opone su socio en cinco comunidades, Vox.
Por parte de las comunidades, solo acudirán presencialmente representantes de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Catalunya, Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Murcia y, el resto, participará por videoconferencia.
En la Conferencia Sectorial se tratarán dos únicos puntos del día. Uno de ellos será la presentación por parte del Gobierno a las comunidades de la propuesta de reforma de la ley de Extranjería para establecer una distribución vinculante de menores no acompañados desde zonas con los recursos saturados.
Y el otro es la distribución de unos 400 jóvenes de Canarias (300) y Ceuta (100) entre los territorios a través del mecanismo vigente hasta ahora, basado en la solidaridad y la voluntariedad, que fue rechazada en la última sectorial.
Según ha avanzado la Cadena SER este miércoles, Catalunya sería la comunidad autónoma que asumiría más menores en caso de aprobarse el reparto, con 31 menores.
La medida cuenta con oposición por parte de algunos grupos políticos catalanes, desde Junts, han pedido la exclusión de Catalunya de este reparto, aunque el ministro Ángel Víctor Torres ya ha rechazado la demanda.
Los recursos asistenciales en Canarias están sobrepasados desde hace meses, con unos 6.000 menores tutelados por las islas actualmente debido a la llegada de inmigrantes al archipiélago en pateras y cayucos.
Tanto el Gobierno de las islas como el central abogan por la reforma de la Ley de Extranjería como una medida que garantice una distribución entre los territorios equitativa y más rápida de lo que se había hecho hasta ahora y que no ha funcionado.
Lo de este martes será una primera toma de contacto para las autonomías sobre la reforma legal, consulta que fue exigida por el PP para considerar su apoyo a la iniciativa, que es fundamental para la tramitación parlamentaria porque el Gobierno no cuenta con otros apoyos suficientes.