El Govern catalán se ha mostrado escéptico sobre la propuesta de reforma legal para un sistema de distribución de menores no acompañados entre comunidades autónomas y ha insistido en que en cualquier caso debe incluir financiación proporcional al número de acogidas.
El Gobierno de España y el de Canarias han pactado una reforma urgente de la Ley de Extranjería para distribuir a los menores inmigrantes no acompañados llegados al país entre todas las autonomías y aliviar a aquellas que registran ya una situación de «emergencia» en la materia.
Esta contingencia se vive en la actualidad, con datos objetivos, en Canarias, Ceuta y Melilla, de ahí que la propuesta inicial se dirija a aliviar a esos tres territorios, dada la presión que soportan, ya que el número de menores que acogen supera con creces sus capacidades para garantizar los derechos que les asiste.
Así lo han expuesto en una rueda de prensa el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente canario, Fernando Clavijo, que mantienen, no obstante, diferencias sobre el procedimiento a seguir a la hora de promover esta reforma legislativa
Quedan flecos jurídicos que pulir, si bien se pretende que esté aprobada bien en forma de decreto ley, como quiere Canarias, o bien de proposición de ley con debate urgente y en lectura única, como plantea el Gobierno central, el próximo mes de septiembre.
Antes de su aprobación, que ambas partes confían en que apoye el PP, la iniciativa será debatida en una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas, aunque Torres ya ha advertido de que la ley habilitará al Gobierno central a imponer el reparto de los menores y proceder su traslado si no hubiera acuerdo.
Catalunya pide un reparto justo y acompañado de financiación
Según fuentes del ejecutivo catalán, «no se tiene en cuenta el esfuerzo real de acogida y los criterios de cálculo no contemplan los costes de prestación de servicio ni la acogida más allá de los 18 años».
Desde la Generalitat, insisten en que el reparto debe ser «más justo» en todos los territorios de España y debe ir «acompañado de la financiación proporcional a los que se acogen».
El Govern considera además que debería haber «una mayor transparencia en la información sobre los flujos migratorios» y que el pacto anunciado «no responde a las necesidades reales de Cataluña».
El ejecutivo catalán recuerda que desde la comunidad autónoma «quieren acoger» y «lo están haciendo», pero añade que «ahora mismo es el territorio que más acoge sin ser puerta de entrada».
«Nos volvemos a encontrar ante un caso de gesticulación que no se ajusta a la realidad: el año pasado llegaron 2.330 jóvenes migrados solos y España propuso que Catalunya acogiera a 33 en un reparto acordado», denuncian a propósito del acuerdo.
Según el Govern, este año estarían «ante la misma situación» y por ello no están de acuerdo «en dar por bueno este supuesto reparto que ronda el centenar de jóvenes migrados solos cuando entre enero y marzo han llegado 891».
Fuentes del ejecutivo catalán se ha pronunciado así después de que el Gobierno de España y el de Canarias hayan pactado una reforma urgente de la Ley de Extranjería para distribuir a los menores inmigrantes no acompañados llegados al país entre todas las autonomías y aliviar a aquellas que registran ya una situación de «emergencia» en la materia
