El 24% de las personas atendidas por Cáritas en Catalunya tiene un trabajo precario que no le permite cubrir las necesidades básicas, según recoge el informe sobre empleo que la entidad ha presentado este jueves.
«La figura del trabajador pobre crece. Las situaciones de precariedad laboral han aumentado y nos encontramos con índices elevados de inestabilidad y de trabajos parciales y salarios muy bajos», ha advertido el director de Cáritas Diocesana de Lleida, Rafael Allepuz. El informe alerta sobre la «polarización social», «con personas que cada vez tienen y quieren más y otras que tienen y tendrán menos», ha contrapuesto el presidente de Cáritas Catalunya, el tarraconense Francesc Roig. El organismo también avisa de la «poca eficacia» del sistema de prestaciones sociales.
El 49% de las personas atendidas por la entidad está en paro, mientras que el 24% tiene trabajo, recoge el informe ‘El empleo en Catalunya: una radiografía de la integración laboral. Impacto de las empresas de inserción sociolaboral de Cáritas en Catalunya’.
Allepuz, encargado de presentar el informe, ha advertido sobre la precariedad actual; sobre la exclusión del mercado, que especialmente padecen personas mayores de 50 años, y sobre la explotación laboral, principalmente en la economía sumergida.
El informe indica que la tasa de paro se situó en el 9,1% de media en Catalunya en 2023, con más de 350.000 personas desempleadas, De estas, recoge el documento, el 36% lleva años sin trabajar, es decir, se encuentran en situación de paro de larga duración (140.000 personas).
Desde Cáritas han advertido que las desigualdades y la exclusión económica y social «tienen un precio», que es la «polarización social» y los «conflictos económicos y sociales». La entidad pide a los responsables políticos planes de empleo y formación flexibles que permitan regularizar la situación de las personas que ahora no tienen permiso de trabajo, lo que las aboca a trabajos «indecentes», y más personal en la administración para reducir los tiempos de espera en los trámites.
Cáritas, organismo de la Iglesia católica que ayuda a las personas en situación de fragilidad social, también reclama a los responsables políticos que cumplan las leyes aprobadas y velen porque así se haga, como la ley de 2017 de contratos del sector público.
Alba Coma, representante de las diez empresas de inserción social de Cáritas Catalunya, se ha quejado de que no todas las administraciones están cumpliendo la reserva de mercado para contratar empresas de economía e inserción social, que esta ley establece. «Estas empresas creamos puestos de trabajo para personas con riesgo de exclusión social, que ahora seguramente están utilizando los servicios sociales de los ayuntamientos y que, con un trabajo, dejarían de hacerlo», ha reflexionado Coma.
