La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se ha acogido este miércoles a su derecho a no declarar en la comisión de investigación impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid y ha advertido de que su citación tiene «un objetivo político evidente».
«Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio», ha resaltado Gómez ante la comisión de investigación impulsada por el PP para dilucidar si tuvo «tratos de favor» por la Universidad Complutense de madrid (UCM) para la creación de su cátedra.
Gómez, que es la primera compareciente en esta comisión, ha defendido su derecho a no declarar porque las denuncias tienen «un objetivo político evidente» y por esa razón, y «aconsejada» por su letrado, ha asegurado: «Me voy a acoger a mi derecho a no responder a estas preguntas tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión».
La esposa de Sánchez ha explicado previamente, en el inicio de su corta intervención ante la comisión, el origen de su colaboración con la Complutense, que inició hace 12 años «como codirectora de un máster», y ha asegurado que desde hace 25 años trabaja en consultoría y docencia.
«Antes de nada, permítanme exponer en menos de un minuto lo siguiente: desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia. He coordinado equipos, he dirigido proyectos, he asesorado más de medio centenar de profesiones en el sector privado y en el tercer sector», así ha comenzado Gómez su intervención.
Además, ha apuntado que hace «doce años» inició la colaboración con la Universidad Complutense como directora de un «máster de títulos propios para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y en proyectos de sostenibilidad».
Gómez ha añadido que fue en 2020 cuando esa colaboración con la Complutense se «amplía» con la creación de una cátedra extraordinaria, a lo que ha justificado que se trata de una «práctica habitual» dentro de las universidades públicas» y, además, «no remunerada».
«Soy plenamente consciente de que tanto esta comisión, como la colección de denuncias judiciales, la cantidad bulos...», ha comenzado Gómez pero ha sido interrumpida por la diputada del PP Mercedes Zarzalejos, quien le ha indicado que esta comisión tiene «formato pregunta-respuesta», por lo que le ha pedido que se limitara a ello.
Después de este reproche, Begoña Gómez ha anunciado que se acogía a su derecho a no declarar.
El juez no le quita el pasaporte
El juez ha rechazado retirarle el pasaporte, como pedían las acusaciones populares, y la ha citado para el 18 de diciembre.
Considera esta media «innecesaria» y «desproporcionada», ya que cree que «es difícilmente contemplable que pretenda residir en cualquier otro país con carácter prolongado en el tiempo, lo que hace innecesaria, y desproporcionada, la adopción de la medida cautelar solicitada».
Aunque el magistrado puntualiza en su auto que la invitación de Begoña Gómez al G-20 es voluntaria y que «podría haberse negado», accede a su petición y acuerda suspender su citación el próximo martes.
Y lo hace porque tiene en cuenta que la investigada «actualmente, y con carácter coyuntural, tiene una especialísima relevancia social, por su condición de esposa del actual Presidente del Gobierno de España».
Esto da lugar, subraya, «a que se le tenga en cuenta para que sea objeto de consideración, con especiales privilegios, que la distinguen de cualquier ciudadano en quien no concurren dichas circunstancias, y por tanto, debe considerarse justificada su asistencia a dicho acto oficial».
No obstante, pese a que la defensa de Gómez indicó al juez que su representada conocía la querella de la organización ultracatólica Hazte oír que dio pie a ampliar la investigación contra ella, el magistrado ordena que el letrado de la administración de justicia de su juzgado acuda el 21 de noviembre a la Moncloa, para entregar de forma «personal» a Begoña Gómez la querella.
En el segundo auto, referido a la medida cautelar solicitada por las acusaciones de retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España, el magistrado reconoce que la investigada ha presentado el escrito explicando que tiene un viaje «con posterioridad a la citación de este juzgado», y que lo ha hecho con «escasa justificación formal u oficial».
Pero aboga, como hace el Constitucional, por asegurar la tutela judicial efectiva «sin la exigencia de formalismos excesivos».
Detalla el juez que la citada medida cautelar suele aplicarse a personas detenidas previamente o a personas investigadas sobre las que se tengan «claros indicios de que, si se ausentaren del territorio nacional, las probabilidades de que no regresaran a España, y por tanto, eludir la acción de la justicia (...) se consideran ciertamente elevadas», lo que no ocurre en este caso.
Los dos autos están fechados este miércoles, cuando la esposa del presidente del Gobierno se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación impulsada por el PP en la Asamblea de Madrid en la que ha advertido de que su citación tiene «un objetivo político evidente».