El Ayuntamiento de Barcelona ha desactivado 22 redes mafiosas (de un total de 38 detectadas) dedicadas al alquiler de pisos turísticos ilegales en la ciudad desde 2016, en el marco de las inspecciones regulares e intensivas que realiza el consistorio para combatir esta actividad ilegal.
Durante estos años, el municipio ha impuesto casi 11.000 sanciones y más de 10.500 órdenes de cese, mientras que se ha reducido de 6.000 a menos de 400 la cantidad de pisos ilegales detectados mensualmente desde 2016 hasta este 2024.
En el marco de la actividad ordinaria de la Dirección de los Servicios de Inspección, este año se han llevado a cabo 1.214 inspecciones, se han dictado 944 órdenes de cese de la actividad ilegal y se han iniciado 491 expedientes sancionadores.
Esta dirección actúa en base a tres tipos de procedimientos: los anuncios de pisos ilegales detectados en las plataformas virtuales, las denuncias hechas por vecinos, y el monitoreo de inmuebles relevados en inspecciones anteriores y en los que no se ha podido detectar actividad ilegal.
Las sanciones económicas para los infractores puede ir desde los 60.000 hasta los 600.000 euros en función del grado de la infracción.
En total, a las organizaciones delictivas se les han abierto expedientes por actividad de alojamiento turístico sin licencia en 812 pisos y se les han impuesto 386 sanciones y 49 órdenes de cese.
De las 16 bandas criminales que aún operan en la ciudad, 6 tienen poca actividad, mientras que las otras 10 se mantienen muy activas. Son redes que trabajan a nivel internacional y que, además de la apertura de pisos turísticos sin habilitación, acostumbran a cometer otros ilícitos como la evasión o el fraude fiscal.
«Hemos podido comprobar un crecimiento de este tipo de infractores durante los últimos años, con procedimientos difíciles de detectar, lo que nos ha obligado a trabajar en coordinación con otras administraciones», ha afirmado este viernes en rueda de prensa, la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet.
Durante las operativos, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de los cuerpos policiales (Mossos d'Escuadra y Guàrdia Urbana) y otros estamentos administrativos y fiscales del Estado.
La representante del consistorio barcelonés, ha afirmado que tendrán «tolerancia cero» ante los pisos turísticos ilegales y que el año próximo prevén «duplicar los recursos destinados a las inspecciones contra esta actividad».
Hay que recordar que el municipio anunció en junio pasado la progresiva eliminación de las licencias de pisos turísticos en Barcelona, que dejarán de existir como tal a partir de 2029.
