«Con lo que se cobra en el turno de oficio es imposible vivir», explica Estela Martín, decana del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, ICAT (y ella misma abogada de oficio). Es su respuesta cuando le preguntamos cuántos letrados que solo se dediquen al turno de oficio hay en Tarragona. Lo cierto, señala, es que la mayoría combina su trabajo en la justicia gratuita con su actividad en un despacho. El año pasado los que prestaban el servicio de oficio eran 390.
Ahora los abogados locales se han sumado al movimiento a nivel estatal para reclamar «unas condiciones dignas», como señalaban ayer en un comunicado.
La principal reivindicación tiene que ver con la remuneración, con unos módulos congelados desde 2010. Piden, además, que se pague ‘todo’ su trabajo. Y es que, como explica Lorenzo Santos, co-presidente de la Comissió del Torn d’Ofici i Assistència al Detingut del ICAT y también abogado del turno, en muchas guardias pese a tener que estar 24 horas disponibles, no cobran a menos que realicen una actuación. Hay que tener en cuenta, señala, que durante la guardia se tiene que estar realmente disponible porque si hay que asistir a un detenido hay un plazo máximo de tres horas para llegar a atenderle; en el caso de que sea una víctima, el plazo máximo es de una hora.
Los traslados, explica, tampoco se pagan y, si se diera el caso, por ejemplo, de que un detenido no se encuentre en condiciones y no se realice la actuación tampoco se cobra. «Todo va por módulos y lo que no está en un módulo no se cobra», explica. Martín ejemplifica: «es como si un bombero solo cobrara si hay incendios».
También se puede dar el caso de que se atienda a un ciudadano que pide la justicia gratuita y que al final se le deniegue porque se considera que tiene medios suficientes. En ese caso es el letrado el que tiene que reclamarle pago.
Apunta Santos, no obstante, que el principal reclamo es la «dignificación» del servicio y apunta que esa es una de las primeras barreras que hay que superar respecto a la ciudadanía; la visión de que se trata de un profesional de menor categoría, cuando en realidad es el mismo que va a encontrarse en cualquier despacho de la ciudad. «Hay un desconocimiento muy grande cuando se habla del turno de oficio», señala.
En este sentido, apunta Martín, se trata de abogados con una amplia preparación (entre 15 y 16 años de experiencia según los cálculos del colegio). Y, a diferencia de lo que podría pensarse, tampoco de trata de letrados que acaban de salir de la universidad, ya que para entrar en el turno es necesario haber cursado un máster y tener al menos tres años de experiencia.
El año pasado hubo en Tarragona, El Vendrell y Valls 15.970 servicios de justicia gratuita, es una cifra ligeramente inferior a la del 2021 (16.234) un año marcado por el final de la pandemia.
La mayoría de las actuaciones fueron asistencias a detenidos (9.644). En las designaciones de abogados de oficio destaca eso sí, el aumento de casos de violencia sobre la mujer: 1.325 el año pasado; un 16% más que el año anterior. La cifra ha ido creciendo de manera casi ininterrumpida desde 2016.
Atención al ciudadano
La otra gran reivindicación tiene que ver con la racionalización de las guardias, ya que hay unas ratios que están establecidas desde 1996 en función de los casos que se atienden en un año.
En este sentido, ejemplifica López, no es lo mismo atender a una víctima de una agresión sexual que alguien que ha recibido un puñetazo.
«Hay servicios que están saturadísimos» refiere Martín quien explica que es más que probable que en un mismo día haya que atender a una víctima en Barnahus (servicios especializado en agresiones sexuales a menores) a otra que está en los juzgados y a otra en la comisaría de Mossos d’Esquadra.
En el caso de Tarragona ciudad se da además la circunstancia de que los juzgados están disgregados en distintos puntos del municipio.
Las condiciones, además, no son óptimas y en muchos casos víctimas y victimarios deben estar en los mismos espacios y hay que atender en los pasillos sin ninguna privacidad.
En función del caso, además, se requiere tiempo para ganarse la confianza de la persona, conocer el expediente y asesorarla. «Imagine lo que eso supone en un caso grave como una persona que está acusada de homicidio o que ha sido víctima de agresión sexual», señala López.
De cara a la ciudadanía la otra gran petición es que se ajusten los requisitos para recibir justicia gratuita. Para ello piden establecer como criterio el Salario Mínimo Interprofesional en sustitución del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para el reconocimiento del beneficio de justicia gratuita. Hay personas, insisten los letrados, que con sus ingresos no tienen derecho al servicio pero tampoco podrían costearse un abogado de su bolsillo.
