El Consistorio no renueva hoy a 7 técnicos que trabajan en el POUM

El Ayuntamiento de Tarragona no renovará a partir de hoy a 7 de los 13 técnicos que trabajan en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) mediante un contrato  específico y temporal. Según ha podido saber el Diari, estas personas empleadas por parte del Consistorio finalizaban su vinculación laboral con la corporación local hoy mismo. Sin embargo, la avanzada tramitación en la que se encuentra el nuevo Plan General provocará que sólo seis de ellos puedan seguir algunas semanas más desarrollando su actividad profesional en la administración municipal. Todos estos trabajadores fueron contratados por el Ayuntamiento entre los años 2005 y 2010 para realizar, teóricamente, tareas relacionadas estrictamente con el POUM.   

En los decretos firmados por el concejal responsable de Recursos Humans, Pau Pérez (PSC),  y que han sido notificados a lo largo de las últimas semanas a los técnicos que no continuarán, el equipo de gobierno pone de manifiesto que «la situación económica y presupuestaria del Ayuntamiento exige reducir al mínimo indispensable el personal dedicado a los trabajos del POUM». Por ello, en el documento se recuerda que «las medidas urgentes para la corrección del déficit público limitan el nombramiento de personal interino sólo para casos excepcionales para cubrir necesidades urgentes que afecten al funcionamiento ordinario de los servicios públicos esenciales». A finales del 2011 la institución liderada por Josep Fèlix Ballesteros (PSC) ya comunicó a otros 103 empleados temporales que no les renovaría el contrato. También se anunció que el Consistorio no cubrirá bajas por jubilación.

‘No se han pedido informes’

Lo cierto es que la decisión de recortar el personal destinado a Urbanisme ha sentado muy mal entre los miembros del área de Territori. Este periódico ha tenido acceso a una carta firmada el pasado 29 de mayo por parte de 27 funcionarios del Ayuntamiento, que fue enviada al concejal Pau Pérez sin recibir, de momento, contestación.

En la misiva, los empleados lamentan que «el cese del personal se ha producido sin solicitar ningún informe a las unidades afectadas. La comunicación se ha dirigido directamente a los contratados, sin notificar nada a los comandos de los cuales dependen». Por ello, los técnicos consideran que «se ignoran las consecuencias que puede comportar esta decisión, ya que los cesados también realizaban funciones orgánicas del departamento».

Los firmantes de la carta consideran que «este cese masivo vaciará las secciones afectadas, afectará negativamente al servicio ordinario orientado al ciudadano y dificultará la ejecución y seguimiento del POUM. La decisión se ha tomado al margen de criterios racionales organizativos», critican los técnicos, los cuales añaden que «lamentamos que la política económica municipal priorice la financiación de actividades privadas antes que garantizar los servicios públicos de la ciudadanía».

El concejal responsable de Recursos Humans, Pau Pérez, manifestó que «no teníamos más remedio que ejecutar los ceses. En estemos momentos no podemos mantener contratos temporales». Asimismo, el edil socialista remarcó que «ya nos gustaría poder mantener a toda la plantilla de Urbanisme», a la vez que se mostró «convencido» de que «la plantilla que quedará en el departamento será suficiente para poder ejecutar el POUM con garantías». En total, el Consistorio ha pagado 72.700 euros a los técnicos en horas extras.   

‘Estará listo a tiempo’

Por su parte, el concejal de Urbanisme del Ayuntamiento, Carlos Castillo (PSC), manifestó «entender» el malestar generado entre los funcionarios del área de Territori. «El equipo de gobierno debe plantearse que, en estos momentos, la prioridad absoluta debe ser acabar el POUM. Y esto pasa por escuchar la opinión de los técnicos», reconoció el edil socialista, quien indicó que, a lo largo de las últimas semanas, ha intentado que el Consistorio «se replanteara su decisión, ya que han hecho un gran trabajo». Asimismo, el político confía en poder tener listo el documento para poder entregarlo a la Generalitat de Catalunya antes del 31 de agosto, según se estipula en el convenio urbanístico firmado recientemente con la multinacional Ikea. «Confío que sí que podremos cumplir con este calendario. Los trabajos ya están muy avanzados», afirmó el edil.

Finalmente, Castillo considera que «no sólo debe priorizarse el área de Territori durante la tramitación del Plan General, sino también después. Entre 2005 y el 2010 esta área generó ingresos, entre licencias de obras y cesiones obligatorias, por valor de 28,7 millones de euros», remarcó el político socialista.