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La Abogacía reusense pide, una vez más, un segundo Juzgado de lo Social

El Col·legi de l’Advocacia de Reus dice que hay casos laborales que afectan gravemente al ciudadano, «se señalan muy tarde»

15 julio 2023 21:36 | Actualizado a 16 julio 2023 07:00
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«Hace mucho que necesitamos un segundo Juzgado de lo Social en Reus, el de Familia está colapsado, en Penal no pueden absorber más asuntos y los de Instrucción, con sus semanas de guardia mensual, a menudo paralizan la actividad en el juzgado por la cantidad de asuntos que entra», resume la situación actual de los juzgados de la ciudad la decana del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus (ICAReus) y presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), Encarna Orduna Pardo.

El asunto no cambia demasiado si se echa un vistazo general a lo que ocurre en el resto de la provincia: se sigue teniendo la mayor parte de los órganos judiciales «tensados», porque la entrada de asuntos es mayor a la legalmente prevista y, por tanto, «inasumible». Así lo destaca la memoria de la Audiencia Provincial de Tarragona, que publicó este pasado junio las cifras de actividad judicial en la demarcación del pasado año.

En dicho documento y centrados en Reus, se expone que la entrada de asuntos en los juzgados de primera instancia de la ciudad se incrementaron un 25% en 2022, en cuestión de un año, llegando a los 11.263. Una cifra alta, aunque inferior aún si se compara con los entrados en los juzgados de Tarragona: 12.757 asuntos.

La problemática de los juzgados de primera instancia en Reus se centra en la alta movilidad de la plantilla judicial y en el caso del juzgado número 1, es «de los que menos resuelve» y, por ende, «menos sentencias ha puesto»: hasta 150 en 2022. Este factor –reza la memoria– convierte a dicho juzgado en «el segundo de toda Catalunya con mayor pendencia (juicios pendientes de resolución) de los de su clase».

Una «demora generalizada»

Los juzgados de Reus sufren una «demora generalizada», algo que criticaron desde el Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Reus (ICAReus en adelante) el año pasado. Por entonces, Encarna Orduna, al frente del ICAReus, criticó complicaciones tan «históricas» como la ya citada movilidad de la plantilla judicial, con «numerosos traslados y excedencias, sobre todo en jueces». Preguntada de nuevo este año, la también presidenta del CICAC resume: «Hemos empeorado desde entonces, sí que se han reforzado algunos juzgados, pero aún hay mucho que hacer, porque aunque la pandemia haya quedado atrás, en los juzgados aún se arrastran muchos asuntos por su llegada».

La decana del ente colegial recuerda que «por la Covid-19, los juzgados tuvieron que cerrarse y solo se abordaron temas excepcionales, eso generó mucho retraso que, aún a día de hoy, tenemos». La reanudación de la actividad en los juzgados ha sido «compleja» y «la justicia sigue sin estar reconocida por los gobiernos y en plena campaña electoral, aún no he visto a ningún político hablar sobre ella; es la que tiene la partida más baja y la situación ha explotado del todo este año».

Y es que, como indica Orduna, «llevábamos, desde principios de año, siete meses de suspensiones de vistas por huelgas ininterrumpidas de letrados de la Administración de Justicia y de los funcionarios, todas ellas muy lícitas, pero que detuvieron el trabajo de abogados y procuradores, entre otros profesionales». Las suspensiones, además, «se producían el mismo día en el que se iban a realizar muchas vistas, con lo que los abogados ya se había preparado el caso e invertido tiempo para que luego los avisaran el mismo día de la suspensión».

A pesar de que la huelga, convocada indefinidamente desde este pasado mayo y desconvocada el pasado 5 de julio, la situación actual es de «caos» y «afecta gravemente a la ciudadanía, así como a los propios abogados, que han visto tambalear su modus vivendi».

Otra de las reivindicaciones que añade la decana del ente colegial –y se citaba al principio de este artículo– es que «seguimos necesitando un segundo Juzgado de lo Social en Reus, no damos abasto con uno solo». Por poner un ejemplo, la abogada cita casos laborales en los que «el cliente es despedido y su caso se señala muy tarde, hay asuntos en los que no es hasta 2024, ¿qué hace esa persona hasta entonces?». Hay situaciones, afirma Orduna, que «no pueden esperar».

En Penal, según recoge la memoria, también se observó un ligero incremento en el ingreso de asuntos el año pasado, pasando de 991 en 2021 a 1.010 en 2022.

El de Familia, «colapsado»

Si Orduna ya criticaba el año pasado que por el juzgado de familia ya habían pasado hasta tres jueces desde que se había puesto en marcha este en 2018, ahora reconoce que, el que es el juzgado de primera instancia número 7, está «colapsado, y no trabamos con normalidad». La abogada afirma, por otro lado, que sí que desde el colegio de Reus potencian también otros métodos alternativos de resolución de casos, como la mediación, pero el «grueso de asuntos es tal, que es imposible».

Tal y como reivindicaron una veintena de profesionales de la abogacía en una concentración hecha este pasado junio ante los juzgados de Reus –como hicieron otros municipios del territorio y el Estado– al pedir la reactivación de los juzgados y un pacto de Estado para mejorar la justicia, Orduna reitera la importancia en invertir en la justicia: «Sin ella, no podemos garantizar lo esencial del Estado de Derecho».

Los refuerzos

La memoria recoge, entre otros datos, los refuerzos impulsados en 2022 en los diferentes órganos y partidos judiciales de la provincia, los cuales (se dice en el documento) dejaron resultados «satisfactorios». En Reus, enumera el refuerzo en el Juzgado de lo Social, en los Penales y en el juzgado de Primera Instancia número 1.

En Instancia, además, a pesar de la situación anteriormente mencionada, concluye el documento, que «el Juzgado número 3, igual que en 2021, es el que más esfuerzo resolutivo ha hecho», siendo –como ya se decía anteriormente– el número 1 el que «peor situación se encuentra, tanto en pendencia como en tiempo de respuesta, que asciende a 5,2 meses». En este sentido, se manifiesta una preocupación referida a alguna causa de cuya instrucción lleva años en marcha, como sería un ejemplo, el caso Innova, iniciado en 2012 con una pieza aún en curso.

En otro orden de cosas y según la memoria de la Audiencia Provincial de Tarragona de 2022, hay 16 jueces en los juzgados de la ciudad de Reus.

Trabajo avanzado que, de momento, es papel mojado

Desde el Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC), explica su presidenta, Encarna Orduna Pardo, «habíamos trabajado estos últimos meses en tres proyectos de ley, uno estaba relacionado con la ley de la eficiencia organizativa en la administración de justicia; otro abordaba la eficiencia digital y un tercer proyecto de ley incidía en materia procesal».

El equipo del CICAC ha estado trabajando, además, en «una ley orgánica del derecho de defensa y, de repente, convocan elecciones». «Tan solo esperamos que todo el trabajo avanzado no se quede en nada, que solo esté paralizado a la espera de la reactivación de todo; esperamos que no quede en papel mojado», manifiesta la también decana del Col·legi de l’Advocacia de Reus.

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