El Ayuntamiento de Vilanova d’Escornalbou i l’Arbocet anunció ayer, a través de un comunicado, que está «decidido a exigir» la inmediata regularización de las empresas extractivas que operan en su término municipal, la restauración de las áreas clausuradas, y, «si es procedente», la suspensión cautelar de las actividades extractivas que se desarrollan desde hace años, mientras no se obtengan las licencias correspondientes.
Recuerdan, también, que el municipio, integrante de la Baronia d’Escornalbou, está rodeado de «parajes, zonas de interés local, riachuelos, fauna, flora y naturaleza» afectada por la actividad de estas empresas, que «están destrozando montañas, modificando el equilibrio natural del término, y todavía más grave, sin restaurar ni repoblar lo que van destruyendo».
Además, próxima a una de las zonas extractivas, destacan, «se ubica una zona protegida culturalmente, declarada Bé d’Interès local, que ya se ha visto perjudicada con un desprendimiento de roca, debido muy probablemente a las continúas detonaciones, sin previo aviso, que sufre la zona del Coll Rodó».
Una de las primeras acciones realizadas por el equipo de gobierno, IVE-AM, prosigue el comunicado, fue crear «un listado periodificado con el estado legal y normativo de estas empresas, y por eso se pidió la intervención de los equipos técnicos de la Diputació de Tarragona, y un informe de Territori de la Generalitat, cuya conclusión fue que estas empresas no disponen de la correspondiente licencia urbanística emitida por el Ayuntamiento de Vilanova d’Escornalbou y para su obtención, hace falta que presenten un Proyecto de Actuación Especifica, previamente validado por todos los organismos implicados, y además, este proyecto hace falta que se enmarque dentro del correspondiente articulado de la Ley de Urbanismo TRLU, se adecue al POUM Municipal y a toda la normativa sectorial que los corresponda».
Así pues, el consistorio «ha enviado un requerimiento a cada una de las empresas extractivas», para que, en el plazo de un mes, presenten este proyecto, de «obligado cumplimiento normativo», y «si procede, solicitar la suspensión cautelar de las actividades mientras no se obtiene esta licencia urbanística».
Posteriormente, «el mismo consistorio, tiene previsto iniciar todas las acciones necesarias para exigir la restauración, repoblación y deforestación de las áreas de explotación extinguidas, a quien corresponda».
