El borrador incluye dos cambios. La presencia del propietario de la vivienda no será necesaria y, en su lugar, se firmará una declaración jurada
El grupo municipal del PSC presentó ayer, durante la Comissió d’Immigració, su propuesta sobre la modificación del decreto 419, referente al empadronamiento. Una propuesta que, de momento, ayer no se aprobó y que no convence a los diferentes miembros de la comisión. Por su parte, la Plataforma Tots Som Veïns i Veïnes de Reus, creada para pedir más flexibilidad en los procesos de empadronamiento, no se pronunció.
Según explicó el portavoz del PSC, Eduard Ortiz, la propuesta contempla que los propietarios de la vivienda no tengan que estar presentes durante el proceso de empadronamiento. Ahora tienen que personarse los dueños de la propiedad, además de todos los que residen en ella. En caso de aprobarse la reforma, los que deseen inscribirse en el registro acreditarán la validez de los documentos presentados y de sus palabras firmando una declaración jurada.
Según explicó Ortiz, se haría un control más intensivo ‘a posteriori’ y en caso de detectarse irregularidades se desviaría a la Subdelegación del Gobierno, que es quien, sancionaría con multas de más de 6.000 euros a los que infrinjan la normativa. «Además, si ha habido falsificación documental, podremos recurrir a la Fiscalía», dijo Ortiz. El portavoz del PSC explicó que la situación de sobre empadronamiento que se daba hace años ya no es una realidad social y que con las nuevas leyes de Extranjería y Habitatge ya se regulan «las posibles picarescas».
Pero la propuesta de Ortiz no acabó de convencer a los diferentes miembros de la comisión de inmigración. De momento, tendrán hasta el 20 de febrero para revisar el borrador y para presentar las enmiendas que consideren que se deben aplicar a esta reforma.
La comisión se cerró sin acuerdo y con muchas discrepancias entre los partidos políticos. ICV-EUiA y la CORI se mostraron satisfechos porque se prevé cambiar el decreto pero el portavoz de los ecosocialistas, Ernest París, matizó que «estamos moderadamente satisfechos. La declaración jurada no tendría que ser necesaria por sistema». Un matiz con el que coincidió el portavoz del la CORI.
El grupo municipal de CiU, por su parte, fue el que mostró más discrepancias con el borrador. El portavoz convergente, Carles Pellicer, explicó que los cambios pueden suponer un «efecto llamada» para los inmigrantes y que se debería mantener el decreto actual. «Se trata de mantener el equilibrio. No cabe todo el mundo», explicó. Una posición muy criticada por otros miembros de la comisión. Desde el PP, su portavoz, Miquel Àngel López Mallol, también dijo que «el problema es que se empadrona tiene todos los derechos pero pocas obligaciones».
Por su parte, la Plataforma Tots Som Veïns i Veïnes de Reus no quiso hacer declaraciones sobre esta propuesta de decreto. «Respetamos el proceso político que se está haciendo» dijo su representante, Carlos Iaquinandi.