El juez ordena registrar las casas de Millet y Montull

Un vehículo de los Mossos, en la puerta de entrada de la finca de Fèlix Millet tras la orden de la juez para que fuera registrada - A.GARCÍA

El juez del caso Palau, Josep Maria Pijuan, ordenó ayer que se llevase a cabo la entrada y registro en los domicilios de los exresponsables del Palau de la Música, Félix Millet, en L’Ametlla del Vallès, y Jordi Montull, en Teià , según informó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Con estas diligencias, el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona quiere localizar documentación y objetos de valor, entre otros, que puedan servir para la investigación de los hechos y del destino de los fondos, así como para cubrir la responsabilidad civil los imputados.

Las casas de Millet y Montull, además de poder ser el lugar donde estuvieran parte de los objetos de valor de las dos familias, también han sido reformadas y equipadas con fondos fraudulentos procedentes del Palau.

Los Mossos entraron a primera hora de la mañana y simultáneamente en las dos casas. El juez fue al domicilio de Millet, mientras que a Teià fue un secretario judicial. E registro duró varias horas. En dos autos firmados ayer  por la mañana, el juez Pijuan justifica que ahora se hagan estos registros por primera vez porque del total supuestamente defraudado, 24 millones directamente del Palau y seis más a través de CDC - ya que se han vuelto a unificar las dos causas -, Millet y Montull no han devuelto ni la mitad. El juez recuerda que la fianza de responsabilidad civil debe ser como mínimo un tercio superior al total probablemente defraudado, lo que la sitúa en 40 millones.

Crítico con bancos y cajas

Por último, el juez también busca dinero en metálico o documentos que justifiquen el destino de los 18 millones supuestamente cobrados en efectivo a través de cheques al portador en ventanillas de entidades bancarias por parte de los mismos imputados o de otros empleados del Palau. En este punto, Pijuan es muy crítico con las entidades financieras por su «escasa» colaboración, ya que la policía judicial no ha encontrado rastro de este dinero cobrado a través de talones bancarios. «La escasa colaboración de las entidades financieras ha determinado en gran media que la instrucción practicada hasta el momento no haya averiguado el destino de ni siquiera la mitad del total del dinero defraudado», lamenta el juez.

Según él, las entidades «incumplieron de manera general las obligaciones formales de identificación del cobrador, guardando fotocopia del DNI», como les obligaba la legislación vigente, durante seis años. A partir de 2003, además, debían comunicar al Ministerio de Economía y al Banco de España las transacciones superiores a los 80.500 euros.