Adquirir una vivienda en propiedad en los tiempos que corren, con el euríbor por las nubes y con el acceso a un crédito hipotecario cada vez más restringido, ha dejado de ser una opción para muchas personas.
Y tratar de vivir de alquiler en la provincia de Tarragona es una odisea solo apta para los más valientes. La situación, complicada en prácticamente todo el territorio, se agrava hasta convertirse en misión imposible en determinadas localidades.
Bajo este escenario, la Ley de Vivienda aprobada este mismo año por el Gobierno, que posibilita aplicar zonas tensionadas para el alquiler para limitar los precios, ha provocado ya que muchos propietarios se pasen al alquiler turístico o de temporada, lo que ha reducido todavía más la oferta de larga duración.
Ante este panorama, el Govern de la Generalitat ha impulsado una regulación pionera en Catalunya que termina con las licencias de pisos turísticas eternas e impone la obligación de renovarlas cada cinco años con un permiso que emitirán los ayuntamientos.
Urge acertar con políticas que logren
una oferta amplia y a precio asequible para quienes aspiren a
vivir de alquiler
una oferta amplia y a precio asequible para quienes aspiren a
vivir de alquiler
La normativa entrará en funcionamiento en 262 municipios que concentran 95.000 pisos turísticos, el 90% del total. En Tarragona se verán afectados 28.764 pisos turísticos –el 94% de los 30.604 pisos turísticos registrados oficialmente como tales en la demarcación– en 34 localidades.
Los consistorios sólo podrán dar luz verde si el planeamiento urbanístico justifica que existe suelo suficiente para viviendas. Las licencias estarán limitadas a un máximo de 10 pisos turísticos por cada 100 habitantes, tope que se supera en una cincuentena de municipios, ocho de ellos de la provincia de Tarragona.
La medida puede llegar a tener efectos beneficiosos, pero debe venir acompañada de otras, porque el problema es complejo y de gran magnitud. Y es que en un contexto como el actual, de escasa oferta y precios elevados, urge acertar con políticas que logren una oferta amplia –Tarragona tiene un parque de vivienda deficitario– y a precio asequible para quienes aspiren a vivir de alquiler.