Creixell denunciará por estafa a los gestores de Port Halley de Vila-seca

En uno de los solares aún se mantiene un cartel del proyecto de viviendas tuteladas. - PERE FERRÉ

Los gestores del centro comercial Port Halley de Vila-seca están detrás de la empresa Fiaz Fuerza Gestora –una patrimonial del grupo BBS–, acusada de delitos de falsedad documental y estafa por el Ayuntamiento de Creixell. La firma presuntamente falsificó un aval de cerca de 1,2 millones de euros para la construcción de 150 viviendas tuteladas y un centro de día de 25 plazas en Creixell. El consistorio aprobó, en el pleno del 27 de enero, emprender acciones legales contra la compañía. Las obras están paralizadas. «Hemos tramitado la documentación al Departament de Gobernació y estamos esperando a que nos diga que está todo correcto para rescindir el contrato e iniciar acciones legales por los perjuicios que nos ha ocasionado este asunto», afirma Jordi Llopart, alcalde de Creixell.

En 2009 –durante la anterior legislatura–, Creixell cedió a Fuerza Fiaz Gestora cinco solares de propiedad municipal en concesión administrativa a cambio de un canon anual de 20.000 euros y un aval anticipado de 3,3 millones de euros. La empresa tenía garantizada la inversión por Caja Granada, pero, debido a la crisis, no obtuvo la financiación necesaria y solicitó una prórroga al Ayuntamiento.

Ambas partes acordaron fraccionar el pago en tres avales de 1.197.000, 500.000 y 1.603.000 euros. «Sabíamos que  gestionaban el centro Port Halley de Vila-seca, pero desconocíamos lo que pasaba allí», explica Teo Fuster, alcalde de Creixell en aquel momento.

El 28 de enero de 2011, la promotora entregó el primer aval con un acta notarial e intervenido por una compañía de seguros, con lo que ya se podían iniciar los trabajos.  «Como el aval no se hacía efectivo hasta la finalización de las obras, negociamos con entidades y proveedores para no tenerlo en un cajón. Durante estas gestiones nos dimos cuenta de que era falso», dice Fuster.

Dos fianzas

En abril, el Ayuntamiento recibió una notificación de la aseguradora que afirmaba que la entidad no había autorizado ningún aval. El consistorio mantuvo conversaciones con el notario que presuntamente intervino en la operación y constató la falsedad del documento.

Llopart asegura que no descarta emprender acciones legales contra el anterior equipo de gobierno por «beneficiar a la adjudicataria con tanta prórroga de algo que se veía que no podía salir adelante» y «por gastar el dinero antes de tenerlo».

La operación con Fiaz Fuerza Gestora ha dejado en las arcas de Creixell dos fianzas que ascienden a 285.000 euros –que el consistorio confía en cobrar– y un pagaré ya ejecutado de otros 100.000 euros.